Las declaraciones de la diputada Gloria Naveillán (ex UDI, Republicanos, PDG y actualmente independiente por el Partido Social Cristiano) en las que negó que la dictadura cívico-militar hubiese ejercido violencia sexual en contra de mujeres, ponen una vez más de manifiesto la existencia de sectores que, a pesar de haber transcurrido ya 50 años, siguen atrincherados en posturas negacionistas que sólo estancan los procesos de avance social y que, en el contexto de esta conmemoración, nos pone en un punto de inflexión en el cual en vez de evolucionar parecemos estar retrocediendo.

“Son denuncias que no están probadas, yo creo que son parte de la leyenda urbana”, fueron parte de las palabras de la diputada de extrema derecha, con las que justificó su voto en contra al proyecto que busca que la Cámara de Diputadas y Diputados condene la violencia sexual ejercida por la dictadura de Augusto Pinochet entre 1973 y 1990 a mujeres, y que a pesar del desconocimiento de la parlamentaria se encuentran absolutamente acreditadas en el informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (Valech I) del año 2005. En efecto, dicho documento registra el testimonio de 3.399 mujeres que declararon haber sido víctimas de torturas entre 1973 y 1990, siendo casi todas ellas objeto de violencia sexual y 316 violadas. Tormentos físicos y psicológicos cuya descripción resulta feroz, dada la crueldad y sordidez de sus detalles, motivados por un fanatismo ideológico que parece no haber sido superado hasta el día de hoy.

Casi todas las mujeres que declararon en el informe dijeron haber sido objeto de violencia sexual y torturas, sin distinción de edades ni tampoco tomando en cuenta que varias de ellas estaban embarazadas, constituyéndose este tipo de violencia de género contra mujeres como una de las expresiones más graves de la violencia durante la dictadura, a través de la cual el dolor físico fue magnificado de manera consciente mediante un castigo dirigido contra la identidad sexual y anatomía física de la mujer, impactando su integridad moral y psicológica. La práctica de esta violencia sexual fue extendida en diversos regimientos y centros de detención y tortura, como la Venda Sexy, Tejas Verdes, Cerro Chena y Villa Grimaldi, en donde se llevaban a cabo violaciones y torturas contra mujeres. Pero para la diputada de extrema derecha, ello no parece ser evidencia suficiente.

Cincuenta años es un tiempo lo suficientemente largo como para que a través de él puedan darse ciertas transformaciones, surgidas desde la maduración, la reflexión y el aprendizaje, sobre todo luego de la desclasificación de documentos y archivos que confirman información relevante sobre los motivos geopolíticos de fondo que llevaron a diseñar y ejecutar el golpe de Estado de 1973. Razones que obedecieron a intereses extranjeros no sólo en Chile, sino en toda la región y que financiaron golpes de Estado para instalar dictaduras militares de derecha en varios países de nuestra Latinoamérica, las que fueron adiestradas en técnicas de tortura dentro del contexto de la llamada Guerra Fría. Información documentada, objetiva y veraz sobre ello existe de sobra, disponible para quien hubiese querido o desee acceder a ella.

No querer saber, sin embargo, es otra cosa. Preferir no enterarse, optar de manera deliberada por no conocer la realidad, obviar datos duros para luego preferir creer que todas esas historias, todos esos testimonios, no son más que “leyendas urbanas”, negando sobre esa débil base argumentativa la verdad objetiva de los hechos, atenta contra el nivel del debate que debería darse a partir de un piso mínimo, como es el reconocimiento de una realidad histórica que ha sido vastamente documentada, en lugar de la defensa atrincherada de posiciones ideológicas extremas, en las que la práctica contumaz del negacionismo busca torcer los hechos para instalar un discurso que se acomode a intereses políticos particulares.

Por todo ello, y en el marco de estos 50 años, como CONFEDEPRUS creemos que una nueva Constitución no puede significar retrocesos en Derechos Humanos en ningún ámbito, y esto incluye por supuesto terminar con prácticas negacionistas que insistan en desconocer la verdad de los hechos y la evidencia histórica, de manera de poder construir sobre cimientos sólidos una verdadera cultura de respeto a los Derechos Humanos en la que los derechos de las mujeres sea una de las piedras angulares. En esta dirección, resulta fundamental que Chile deje atrás la Constitución de 1980, dictada bajo el régimen de Augusto Pinochet, que obstaculiza los cambios necesarios para conseguir un país más justo, tanto en temas relacionados con Seguridad Social como son Salud, Pensiones, Trabajo, etc., como con los determinantes socioambientales del buen vivir, entre los cuales los derechos de las mujeres tienen un lugar destacado.

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