Se suponía que la salida del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, de La Moneda, destrabaría las conversaciones sobre la reforma previsional luego de las presiones de la oposición y su condicionamiento al avance en la materia. Sin embargo, la renuncia de la ahora ex autoridad el pasado 10 de agosto tras ser involucrado en diversos casos de corrupción por los casos “Democracia Viva” y “Fundaciones” -a pesar de la inexistencia de pruebas que lo relacionen a estos casos- parece no ser suficiente para una oposición que no cede y que mantiene líneas intransables ante reformas sociales de las cuales nunca han sido promotores. De hecho, tras la salida de Giorgio Jackson del Gobierno, sectores mas duros aseguraron querer un cambio más profundo dentro del gabinete del presidente Gabriel Boric, apuntando también a otras figuras que seguirían en la “lista” de la oposición y que podrían seguir entrampando las conversaciones por avanzar en esta reforma, que junto con otras forman parte de la agenda oficialista.

Agenda de cambios que, luego del rechazo a la reforma tributaria en marzo de este año, se vio afectada desde un comienzo en sus intentos de recaudar recursos para impulsar las trasformaciones sociales y que ahora, rebautizada como “pacto fiscal”, contempla el aumento de las pensiones, en particular la Pensión Universal Garantizada (PGU), así como dotar de mayores recursos a la Salud, en especial para la reducción de las listas de espera para cirugías, el fortalecimiento de la atención en los consultorios y un sistema de cuidados de niños y adultos mayores.

Uno de los puntos más conflictivos de la Reforma de Pensiones es el 6% de cotización adicional que busca impulsar, el que de acuerdo a esta propuesta será financiado por el empleador, con diferencias para los pensionados actuales y futuros. Respecto de los actuales, este 6% entregará incrementos que se verán reflejados de manera inmediata, en tanto para los futuros pensionados actuará con lógica de seguro social, destinándolo a un fondo solidario colectivo en lugar de a la cuenta individual de cada persona, lo cual permitiría subir en forma significativa las pensiones actuales y mejorar las futuras de aquellos sectores más castigados por el actual sistema, como las mujeres. Desde la oposición, sin embargo, se oponen a la propuesta del Ejecutivo y buscan que el 6% adicional vaya a la cuenta de capitalización individual en las mismas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), tal como ocurre con el sistema actual. Es decir, mantener la misma lógica actual respecto de la administración de estos fondos.

Como gremio de la Salud, que luchamos por los derechos sociales y humanos de la población como determinantes de un buen vivir, creemos que condicionar o rechazar el debate sobre políticas públicas o iniciativas sociales que puedan ir en beneficio de la población por razones o aprovechamientos políticos, es una práctica que desatiende las necesidades objetivas y demandas concretas de millones de chilenos y chilenas, por las cuales la ciudadanía se manifestó de manera masiva en las calles hace unos años para expresar su descontento ante los abusos del sistema, lo que culminó en la revuelta social el 2019. Por ende, usar políticamente las necesidades y demandas urgentes de millones de chilenas y chilenos como herramienta para obtener ventajas desde trincheras partidistas, condicionando de esta forma la rapidez de su concreción en beneficio de la población, nos parece un actuar irresponsable que olvida que fue esa misma indolencia y falta de conexión con la precarizada realidad de muchos y muchas, el factor de fondo que gatilló la revuelta de 2019.

Por ello, y ante los constantes abusos del actual sistema de pensiones, reiteramos el llamado a legislar ahora los cambios para terminar con el negocio de las AFP y entregar mejores pensiones a los actuales y futuros pensionados, con la celeridad necesaria para la tramitación del proyecto de ley de reforma de pensiones, que permita avanzar con urgencia en una real reforma de pensiones y terminar con este negocio. Esa ha sido parte de nuestra lucha y compromiso como CONFEDEPRUS para poder terminar con las AFP, que por tantos años han precarizado a los trabajadores y las trabajadoras de Chile. Necesitamos un sistema previsional y de seguridad social que ponga en el centro el derecho a vivir con dignidad, no podemos esperar más. La reforma de pensiones como demanda social es urgente.

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