El pasado viernes 15 de septiembre, previo al receso de Fiestas Patrias, el Consejo Constitucional comenzó el proceso de votación de las enmiendas al anteproyecto, elaborado por la Comisión de Expertos, la que se extenderá hasta el miércoles 4 de octubre. Luego de esto, el Consejo Constitucional despachará el borrador a la Comisión Experta para su revisión hasta el 7 de octubre, debiendo estar listo un mes después para finalmente ser votado en diciembre. Sobre las materias que se votarán hasta octubre, hay temas de derechos civiles y políticos cuya discusión -dada la composición del consejo y en vista de lo que ha sido la marcha de este proceso- puede restar aún más derechos que los existentes en el texto constitucional actual, especialmente en relación con el Estado social y democrático de derecho.
Desde el comienzo de su trabajo, el Consejo Constitucional -compuesto mayoritariamente por la derecha y la ultra derecha- ingresó 1.069 enmiendas al anteproyecto elaborado por la Comisión Experta, varias de las cuales se han ido aprobando, como la prohibición de penalizar el negacionismo, amparándose en una muy particular interpretación de lo que es la libertad de expresión, de manera de impedir la penalización a quien niegue o cuestione públicamente los crímenes de lesa humanidad cometidos en la dictadura cívico-militar, (iniciativa que está en trámite en el Congreso) o la que excarcela a personas con enfermedades terminales, lo cual podría beneficiar a exagentes de la dictadura presos por crímenes de lesa humanidad (aspiración largamente acariciada por el pinochetismo).
Junto a lo anterior, se suman otras, como el rechazo a la prohibición del lucro en la educación y la gratuidad; el “derecho a elegir” entre un sistema público y privado de Salud, lo que constitucionaliza las isapres, haciéndoles un salvataje con recursos públicos y rechazando principios internacionales sobre seguridad social, al igual que las AFP; la restricción del derecho a huelga; la aprobación de normas que arriesgan prohibir el aborto en 3 causales, lo que amenaza los derechos sexuales y reproductivos de la mujer; el no pago de contribuciones a los más ricos; la concesión de bienes nacionales de uso público; la objeción de conciencia institucional o la reubicación del artículo sobre Estado social y democrático de derecho, reordenamiento que deja entrever el afán por consagrar el actual Estado subsidiario que no protege a las personas, sino la profundización de las privatizaciones y la desigualdad en nuestro país.
En definitiva, una Constitución con menos derechos, más regresiva incluso que la vigente, a través de la cual este sector al interior del Consejo Constitucional está confeccionando un traje a la medida, estableciendo políticas públicas que debieran ser materia de ley en lugar de quedar con rango constitucional, ubicando al texto por encima del cumplimiento de los tratados internacionales sobre derechos humanos, lo cual constituye no sólo un retroceso para nuestro país, sino además la continuación de una estrategia ultraconservadora que hace que este proceso constituyente siga su marcha atrás en derechos sociales a través de la aprobación de estas enmiendas conservadoras al anteproyecto elaborado por la Comisión Experta.
Por ello, es necesario preguntarse si acaso es justo que haya una salud o educación para los que tienen recursos y otra para los que no, si es justo que mientras las AFP se llenan los bolsillos, la gran mayoría reciba pensiones de miseria, entre otras interrogantes que suscitan estas enmiendas que echan por el suelo un estado social de derechos demandado por millones de chilenos y chilenas.
