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EDITORIAL: Por un verdadero sistema de seguridad social

A principios de junio, un grupo de parlamentarios presentó una reforma constitucional para que los afiliados y las afiliadas a las AFP pudieran elegir entre mantenerse en dicho sistema o cambiarse al sistema que rige para las Fuerzas Armadas y Carabineros, como una forma para desbloquear el debate sobre la reforma de pensiones estancada actualmente en el Senado, iniciándose dentro de este marco una campaña de recolección de firmas para que la ciudadanía pueda manifestarse y ejercer una verdadera libertad de elegir, la que ya lleva más de 3 mil firmas. La iniciativa responde a la necesidad y deseo de millones de chilenos y chilenas de poder tener un sistema distinto al actual, que cada año incrementa las ganancias de las administradoras privadas en desmedro de las pensiones promedio que entrega a los jubilados y jubiladas de Chile, reflejando con ello la lógica de un modelo de acumulación por desposesión que precariza y empobrece la vida del 98,7 % de la población afiliada a las AFPs, las que entregan en promedio 160 mil pesos, muy lejos de lo que aseguraba el padre del modelo, José Piñera, quien aseguraba que las jubilaciones serían equivalentes al 70% de los sueldos.

Sin embargo, la realidad golpea el bolsillo y la paciencia de los chilenos y las chilenas, que en julio de 2016 y marzo del 2017 marcharon de manera masiva en todo Chile contra las AFP, aburridas de los abusos de un sistema cuyas groseras utilidades suben año tras año a costa de la entrega de jubilaciones de miseria a millones de personas. Movilizaciones que, junto con la demanda por Salud, han sido una de las más potentes y permanentes de la ciudadanía por derechos fundamentales basados en los principios de la Seguridad Social y que se vieron refrendadas el 25 de octubre de 2019 en la llamada “marcha más grande de la historia”, que congregó de manera pacífica y transversal a cerca de 1.200.000 personas sólo en la capital del país y cerca de 3 millones en todo Chile, en demanda de Pensiones, Salud, Educación y Vivienda, entre otros derechos sociales relacionados con una seguridad social que ha sido sistemáticamente vulnerada por el sistema durante mucho tiempo.

Una de las falacias del actual sistema de pensiones, -que en realidad es más bien un sistema de ahorro forzoso para inyectar dineros frescos de los trabajadores y las trabajadoras al mercado financiero, generando millonarias ganancias para las administradoras y negocios asociados- asegura que las platas administradas por las AFP pertenecen a los y las cotizantes, sin embargo lo cual no es posible recuperarlas hasta la jubilación, (exceptuando los seis retiros en contexto de pandemia), momento en el cual tampoco es posible su retiro completo, sino en cuotas mensuales, las que según información de Fundación Sol son inferiores a los $ 343 mil pesos para el 50 % de los jubilados y las jubiladas, lo que equivale al 75% del sueldo mínimo. Ahorros de los trabajadores y las trabajadoras que, a pesar de ser sus dueños, permanecen secuestrados por las administradoras para seguir generando utilidades y así rentabilizar el negocio privado a costa de la precarización de la salud y la vida de millones de chilenos y chilenas. ¿Es esto tolerable?

Otro argumento falaz de esta verdadera “propaganda publicitaria” que han desplegado las AFP a través de los años tiene que ver con la supuesta “libertad de elección” que tendríamos los trabajadores y trabajadoras, libertad que se limita a poder elegir entre una u otra administradora, pero dentro del mismo sistema, sin poder optar a otro de reparto ya que según se ha dicho varias veces éste “no funciona”; sin embargo, esto no parece ser así al observar el modelo que rige para las FF.AA., dejando en evidencia que el sistema que claramente no ha funcionado ha sido, precisamente, el de las AFP, que no está pensado en términos de Seguridad Social para entregar pensiones decentes a los trabajadores y las trabajadoras del país, sino para la acumulación de capital para el negocio privado en perjuicio directo de quienes obligatoriamente deben cotizar en él al no tener otra alternativa, negada sistemáticamente por falta de voluntad política de parte de sectores que no quieren que algo cambie, a pesar de ser una de las principales demandas y necesidades de la población.

Por ello, como CONFEDEPRUS hemos señalado reiteradamente que no podemos seguir aceptando que el negocio de las AFP siga precarizando día a día nuestras vidas y nuestra vejez. Los grandes grupos empresariales siguen enriqueciéndose a costa del pueblo, las trabajadoras y los trabajadores siguen empobreciéndose y recibiendo pensiones de miseria, por ello necesitamos un verdadero sistema de seguridad social que dignifique las pensiones de millones de chilenas y chilenos y permita un buen vivir para todos y todas.

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EDITORIAL: Una reforma que no transforma

El pasado miércoles, la Cámara de diputados y Diputadas despachó a segundo trámite la reforma de pensiones, aprobando en general la idea de legislar, pero dejando fuera, en la discusión particular, elementos esenciales de la propuesta, la que consideraba un sistema mixto de pensiones, introduciendo nuevas figuras y elementos. Entre las materias eliminadas del texto están la cotización adicional del 6% a cargo del empleador, el Fondo Integrado de Pensiones y el gestor público a cargo, así como el Inversor de Pensiones del Estado. Por otra parte, se aprobó la creación del seguro social previsional, el incremento de la Pensión Garantizada Universal (PGU), modificaciones al seguro de cesantía y el autopréstamo. De esta manera, la propuesta de reforma de pensiones del Gobierno logró sortear el primer obstáculo en la Cámara, avanzando en su trámite hasta marzo, cuando sea visto en el Senado, luego del receso legislativo de febrero.

Sin embargo, la propuesta está lejos de ser una buena noticia para millones de personas que esperan un mejoramiento real de sus pensiones, toda vez que se insiste en mantener al mismo sistema empobrecedor como son las AFP, pero con otro nombre bajo la administración estatal de un inversor público, lo que mantiene la lógica fracasada de capitalización individual. Y no sólo mantenerlas, sino fortalecerlas con el bolsillo de todos los trabajadores y las trabajadoras mediante la propuesta de aumentar en un 0,5% sus cotizaciones, lo que significa aumentar también en casi $ 60.000 millones las ganancias anuales de las AFP. lo cual nos parece inaceptable y vejatorio. Por otro lado, la propuesta de cambiar el cobro de comisiones de las AFP exige saber si se descontará de los saldos de aquellos trabajadores y trabajadoras que estén desempleados.

Tampoco es cierto que los trabajadores y las trabajadoras tengan libertad de elegir, pues esa “libertad” se limita a elegir entre un gestor público o privado que administre bajo la lógica de la capitalización individual, lo que en nada cambia el sistema. La verdadera libertad de elección es poder optar entre permanecer en el actual sistema o cambiarse con el ahorro acumulado a una institución pública y solidaria que entregue mejores pensiones, como el IPS. Por otra parte, creemos que el gobierno debe cumplir con lo prometido en su programa respecto del incremento de la Pensión Garantizada Universal (PGU) a $250 mil, entregándose a las mujeres a partir de los 60 años.

Para nadie es un misterio que la actual administración, que ya se acerca a la primera mitad de su gobierno, ha debido enfrentar diversas dificultades políticas, escenario dentro del cual la reforma de pensiones y el ahora llamado Pacto Fiscal con el que se espera poder financiar esta y otras iniciativas se han convertido en objetivos centrales para el oficialismo en términos de legado, ante un panorama 2024-2025 marcado por diversas elecciones. De allí los permanentes llamados a llegar a acuerdos con una oposición que ya sea mediante poner condiciones o con pararse de la mesa cuando algo no le ha gustado, ha logrado poner al Ejecutivo en una posición de apertura ante la premura por lograr sacar adelante sus objetivos, poniendo en riesgo no tan sólo la consecución de los mismos en términos formales, sino también en sus contenidos, en su fondo.

Nuestro país necesita de manera urgente diversas reformas profundas en términos de seguridad social, respecto de temas como Salud, Educación, Vivienda y Pensiones, por lo que esta reforma junto con otras sigue siendo tareas pendientes desde hace mucho tiempo. No han sido suficientes ni las masivas marchas ni un estallido social para cambiar un sistema que rige desde 1981, basado en la capitalización individual controlada por privados, las AFP, que recaudan los fondos desde la cotización obligatoria de los trabajadores y las trabajadoras y que los administran para mantener el sistema financiero, obteniendo millonarias utilidades todos los años a costa de entregar bajísimas pensiones.

Por ello, esta lógica de empobrecimiento de muchos para beneficio de algunos debe cambiar, no es sostenible y ya ha quedado demostrado. Es necesario que los trabajadores y las trabajadoras nos mantengamos alertas y volvamos a las calles ante un escenario en el que se busca seguir con la capitalización individual para asegurar la ganancia del gran empresariado y no transforma el sistema en un verdadero sistema de seguridad social. Millones de chilenos y chilenas  no pueden seguir esperando porque viven  con pensiones de miseria que no les alcanza ni siquiera para sus gastos básicos.