Luego del fallo de la Corte Suprema de fines de 2022 que obliga a las isapres a ajustar sus tablas de precios y devolver un monto total de 1.400 millones de dólares a los afiliados y afiliadas al sistema privado de salud (unas 3 millones de personas) por concepto de cobros excesivos, se generó un intenso debate respecto del posible salvavidas a estas empresas de salud, las que lejos de reconocer y asumir su responsabilidad luego de años de abusos han tratado de hacerla recaer en el Estado. Desde el Ejecutivo se ha anunciado que no habrá “perdonazos” (el presidente Boric así lo reafirmó en su última cuenta pública), proponiendo una ley corta para cumplir el fallo dentro de la prórroga de seis meses otorgada por la misma Corte Suprema para la devolución de dineros y con el que, según la encuesta Cadem, un 73% de chilenos y chilenas se muestra de acuerdo.

Lo anterior es sólo una muestra más de la profunda crisis por la que viene atravesando desde hace tiempo el modelo neoliberal de libre mercado, respecto de su regulación y de los abusos cometidos debido a su ineficiencia y, en muchos casos, inexistencia. La seguridad social en manos privadas, tanto en materia de pensiones como de Salud, ha dejado mucho que desear y así ha quedado en evidencia con las AFP y las isapres, que han hecho de los derechos sociales fundamentales de los chilenos y las chilenas un millonario negocio en beneficio privado y perjuicio público. Los mismos que han señalado que el Estado es incapaz de manejar recursos de manera eficiente y que todo debe ser dejado en manos del mercado, nos demuestran cómo funcionan las cosas cuando la orientación no es el rol social, sino el afán de lucro. Una crisis que había sido advertida en 2011 a través de un informa de la Fiscalía Nacional Económica, pero pese al cual no cesaron estas prácticas abusivas.

Ahora bien, cabe preguntarse qué señal nos da esto dentro del actual contexto del proceso constituyente para la redacción de una nueva Constitución, o más que eso, si esta señal será entendida por quienes deben redactar su texto, respecto de garantizar la Salud como derecho fundamental y cuyo acceso no depende del bolsillo de las personas. Estamos en un punto de inflexión que resulta de vital importancia para el futuro, ya que las decisiones políticas que se tomen determinarán la vida y la salud de las personas por 50 años. En este sentido, resultan urgentes todas las acciones tendientes a poder definir, con la participación de los trabajadores y las trabajadoras, un modelo de Salud Pública, que garantice un acceso universal a todos y todas por el sólo hecho de ser personas, derecho que no puede defender de la capacidad económica de cada quien. En Chile no puede haber más personas de primera y segunda categoría, no es ese el país que queremos construir.

La llegada de las ISAPRES, en 1981, marcó el comienzo de una escalada de privatizaciones que fue desmantelando la Salud Pública, situación que hoy, más de 40 años después, no sólo mantiene a la Salud Pública precarizada, sino que producto de sus propios abusos tiene también a la industria de la salud privada en crisis. La codicia rompió el saco y el costo pretenden traspasarlo al Estado, el mismo que, sin embargo, no quieren que garantice derechos como la Salud a través de políticas públicas y entrega de recursos a la Red Asistencial. Es dentro de este contexto histórico en donde se enmarcan nuestras luchas como CONFEDEPRUS, gremio representante de las y los profesionales de la Salud Pública en la MSP, por la recuperación y defensa de esos derechos y en su consagración como tales en una nueva Constitución.

Una Salud como derecho fundamental que sólo es posible garantizarla a través del fortalecimiento del sistema público, el cual se sustenta a su vez en sus trabajadores y trabajadoras y, por ende, en el resguardo de sus derechos laborales.

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