EDITORIAL: Este 23 de julio vamos con todo

Luego de numerosas reuniones con el ministerio de Salud para tratar de avanzar en el cumplimiento del programa de gobierno respecto de su compromiso con los trabajadores y las trabajadoras de Salud en materia de Carrera Funcionaria, seguimos en punto muerto. La mesa de trabajo, instalada con las autoridades para recoger las principales demandas vertidas por los gremios para un verdadero crecimiento en lo laboral y lo económico para nuestros socios y socias, no ha dado frutos reales ni concretos para dar respuesta y solución a nuestras exigencias de reivindicación para recuperar el Derecho a una Carrera Funcionaria para los y las profesionales de la Salud, respecto de la implementación de una de una Ley Encasillamiento en el corto plazo que implique la eliminación de tres grados de inicio, el aumento de un grado de termino, la distribución equitativa de grados en la Escala de Sueldos y el logro de una estructura con el 80% de Titulares y 20 % de Contratas, con propiedad y estabilidad en el empleo público.

Como dirigentes y dirigentas de la Salud Pública de Chile, conocemos de sobra que los procesos de negociación muchas veces están llenos de mesas cojas y que las reuniones se eternizan con más estancamientos y retrocesos que avances reales, como estrategias dilatorias que sólo demuestran la poca o nula voluntad política para cumplir los compromisos. Sabemos de ello, sin embargo nos extraña que un gobierno que se dice progresista, a favor de los derechos sociales, laborales y que se ha declarado feminista, no esté dispuesto a honrar su palabra con los trabajadores y en especial las trabajadoras de la Salud Pública, considerando que es un sector altamente feminizado, con más del 75 % de su dotación compuesta por mujeres. Equipos de trabajo que, poniendo en riesgo su salud física y mental, redoblaron esfuerzos para tratar de contener una pandemia que cobró la vida de decenas de miles de chilenos y chilenas, incluyendo las de varias trabajadoras y trabajadores que cuidaban, precisamente, las vidas de la población, debiendo hacer frente a la realidad de desmantelamiento y precarización que arrastra nuestro sistema público. Labor que fue reconocida y agradecida públicamente, tanto por parte de la población como de las autoridades, pero que no se ha traducido en mejoras reales, tanto en términos presupuestarios como de mejoramiento de las condiciones de trabajo de quienes sustentan el sistema.

El actual gobierno del presidente Gabriel Boric nos prometió avances en materias de derechos sociales y laborales, sin embargo lo cual ha cumplido apenas un 19 % de ellas con nuestro sector, según informe de Ciudadanía Inteligente. Habiendo transcurrido más de la mitad de su administración, y luego de los dichos del ministro de Hacienda, Mario Marcel quien en mayo señaló que “las prioridades y compromisos cambian” tras ser consultado si el Ejecutivo lograría cumplir con su programa, nos preguntamos si en lo que resta de mandato está contemplado avanzar hasta lograr niveles de cumplimiento más cercanos a lo prometido respecto de carrera Funcionaria o si, lisa y llanamente, el tema queda definitivamente fuera de la agenda del gobierno, como nos fue señalado por referentes del Minsal en una reunión anterior. Sabemos de la existencia de una oposición que ha sido obstruccionista en sus afanes políticos por impedir los avances sociales, sin embargo lo cual de todos modos nos sentimos burlados y burladas por la autoridad, ante lo cual no nos queda otra alternativa que reponer en la agenda nuestra demanda y el compromiso hecho por el gobierno a través de la movilización social y convocar para el próximo martes 23 de julio a ocupar las calles para demostrarle a este gobierno que los trabajadores y trabajadoras de la Salud Pública de Chile exigimos que los aplausos en pandemia se vuelvan derechos para todos y todas.

EDITORIAL: El orgullo de ser

Según un informe dado a conocer este miércoles por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) en el marco de la marcha del orgullo de mañana sábado y la celebración de los 25 años de la despenalización de la homosexualidad en Chile, 8 de cada 10 personas LGBTIQ+ ha vivido discriminación en Chile, 67% de ellas antes de los 18 años. Una realidad que, según este estudio, se ha ido erosionando en los últimos dos años, en los que se aprecia un recrudecimiento de la discriminación a las personas LGBTIQ+, en especial a niños, niñas y adolescentes, con un aumento general de un 6,4 % respecto de la primera encuesta, realizada en 2013. Sin embargo, los resultados de la encuesta indican también que a pesar de lo anterior cada vez existe menos miedo para visibilizar la orientación sexual o la identidad de género, lo cual refleja la lucha cultural ante una realidad que sigue siendo adversa producto de ideas conservadoras y reaccionarias a los cambios.

Posturas propias de sectores que, por citar un ejemplo reciente, rechazaron a inicios de junio en la Cámara de Diputados y Diputadas la reforma a la Ley Zamudio, calificando como “desviadas” a las personas LGBTIQ+. Un verdadero retroceso civilizatorio ante el cual como gremio de la Salud hemos expresado desde un principio nuestra postura en defensa y reivindicación del derecho humano fundamental de cada persona respecto de orientaciones sexuales e identidades de género tradicionalmente marginadas y reprimidas, de manera de visibilizar su presencia y demandas en la sociedad, entendida como el espacio común que habitamos y que se compone de diversidad. La misma representada en esta sigla que identifica y le da existencia a las diferentes orientaciones sexuales, identidades o expresiones de género que no se adecúan a la norma social dominante que establece que la heterosexualidad es lo “normal”, es decir, lo normado.

Por ello y en el contexto de la conmemoración del Día Internacional del Orgullo, como CONFEDEPRUS nos sumamos a esta fecha como siempre lo hemos hecho, convencidos de la vital importancia que tiene poder visibilizar a una comunidad que, a pesar de los años y todos los esfuerzos realizados en términos de reeducación, aún siguen sufriendo discriminaciones y ataques por una parte de una parte de la sociedad que no tolera la diversidad ni reconoce la libertad de elegir y ser. Nos sentimos en la obligación de promover el respeto a las libertades y al acceso a derechos igualitarios para todos, todas y todes sin discriminación de ninguna índole y la comunidad LGBTQI+ no tiene que ser la excepción, más aún cuando en nuestros lugares de trabajos existen compañeras y compañeros que son parte de la diversidad, la cual debemos respetar, mereciendo por tanto un trato igualitario y no discriminatorio en todos los ámbitos en los que se desenvuelven.

En esta misma línea, como profesionales de la Salud hacemos el llamado a las autoridades a avanzar en la provisión de servicios de Salud mediante financiamiento para el abordaje de las problemáticas que enfrenta la población, en términos de formación y capacitación específica al personal sanitario, de manera continua y universal, como parte del desarrollo de una sociedad más justa y evolucionada en la cual aún queda mucho por hacer en materia de reconocimiento y legislación en diversidad sexual y género ante posturas conservadoras que promueven odiosidades, intolerancia y discriminación en una sociedad que desea avanzar en respeto y madurez cultural.

EDITORIAL: Legislar para el pueblo, no para el abuso

El pasado martes 18 de junio fue dado a conocer en la Cámara de Diputados un extracto del acta secreta de la Junta Militar en la que se excluyó a las Fuerzas Armadas del sistema de AFP, revelándose la orden del dictador Augusto Pinochet para encubrir el hecho. Se trata de un documento que fue leído tras una solicitud que realizaron parlamentarios de diversos partidos oficialistas, en medio del debate por la reforma de pensiones en Chile y a propósito de la pugna política respecto del sistema de reparto para las Fuerzas Armadas. “Hay que ponerle una redacción que lleve encubierto lo que vamos a hacer, de lo contrario vamos a aparecer muy mal ante la ciudadanía”, señala parte del documento, dejando en evidencia que existía clara conciencia de la trampa que representaba para millones de chilenos y chilenas el sistema de AFP impuesto a la fuerza.

El poder trasparentar este hecho de interés público contó, sin embargo, con el rechazo de 29 parlamentarios y parlamentarias, quienes a través de su negativa demostraron el interés por ocultar esta información a la misma ciudadanía que supuestamente representan, para impedir que ésta tuviera conocimiento respecto de cómo se legisló y como se estableció este sistema de privilegio que entregó a empresas privadas con fines de lucro el destino de los fondos de pensiones, en desmedro de una gran mayoría condenada a recibir pensiones de miseria, inferior hasta en nueve veces a las de las FF.AA. Algo que dista bastante del patriotismo enarbolado por este sector, cuya empecinada defensa de un modelo que genera pensiones de miseria y sigue enriqueciendo a los grupos económicos más grandes de nuestro país ya no se sostiene por ningún lado, siendo inviable en términos de legitimidad, funcionamiento, éticos y morales.

Así también y dentro de esta misma lógica de defensa de intereses privados, en mayo de este año la Sala del Senado aprobó el informe de la Comisión Mixta respecto de la ley corta de Isapres, por lo que el texto quedó en condiciones de ser promulgado como ley. Trámite que hace unos días avanzó con la ratificación de integrantes del Consejo Consultivo, a la espera del quinto miembro que designará el gobierno. Un proyecto que como CONFEDEPRUS rechazamos desde un comienzo, pues nos parece una nueva forma de favorecer el negocio de la salud privada en Chile a través de este verdadero salvavidas para favorecer a empresas privadas que durante décadas han incumplido las leyes para enriquecimiento particular a costa de los derechos sociales de las personas. Otro abuso más de un modelo que sigue vigente en un país que aún deberá seguir esperando por los cambios sociales demandados por millones de chilenos y chilenas.

Es por todo esto que como CONFEDEPRUS y junto a otras organizaciones participamos el pasado 29 de mayo de la convocatoria realizada por la CUT frente al Congreso Nacional de Valparaíso, no sólo para exigirle al gobierno el cumplimiento de su programa y de sus compromisos con los trabajadores y las trabajadoras de Chile, sino también hacer un llamado de atención conjunto a los diputados y diputadas para que, de una vez por todas, comiencen a representar las necesidades de pueblo y legislen en favor de él, no del empresariado. Hoy, nuevamente hacemos el mismo llamado, reiterando la necesidad objetiva de avanzar en las reformas que tienen que ver con seguridad social y en especial con la reforma de Salud, cada día más precarizada, para lo cual es imperioso una Carrera Funcionaria y el cumplimiento de un incentivo al retiro permanente para garantizar el fortalecimiento de la Salud Pública del país, en la que se atiende más del 80 % de los chilenos y las chilenas.

EDITORIAL: Por un verdadero sistema de seguridad social

A principios de junio, un grupo de parlamentarios presentó una reforma constitucional para que los afiliados y las afiliadas a las AFP pudieran elegir entre mantenerse en dicho sistema o cambiarse al sistema que rige para las Fuerzas Armadas y Carabineros, como una forma para desbloquear el debate sobre la reforma de pensiones estancada actualmente en el Senado, iniciándose dentro de este marco una campaña de recolección de firmas para que la ciudadanía pueda manifestarse y ejercer una verdadera libertad de elegir, la que ya lleva más de 3 mil firmas. La iniciativa responde a la necesidad y deseo de millones de chilenos y chilenas de poder tener un sistema distinto al actual, que cada año incrementa las ganancias de las administradoras privadas en desmedro de las pensiones promedio que entrega a los jubilados y jubiladas de Chile, reflejando con ello la lógica de un modelo de acumulación por desposesión que precariza y empobrece la vida del 98,7 % de la población afiliada a las AFPs, las que entregan en promedio 160 mil pesos, muy lejos de lo que aseguraba el padre del modelo, José Piñera, quien aseguraba que las jubilaciones serían equivalentes al 70% de los sueldos.

Sin embargo, la realidad golpea el bolsillo y la paciencia de los chilenos y las chilenas, que en julio de 2016 y marzo del 2017 marcharon de manera masiva en todo Chile contra las AFP, aburridas de los abusos de un sistema cuyas groseras utilidades suben año tras año a costa de la entrega de jubilaciones de miseria a millones de personas. Movilizaciones que, junto con la demanda por Salud, han sido una de las más potentes y permanentes de la ciudadanía por derechos fundamentales basados en los principios de la Seguridad Social y que se vieron refrendadas el 25 de octubre de 2019 en la llamada “marcha más grande de la historia”, que congregó de manera pacífica y transversal a cerca de 1.200.000 personas sólo en la capital del país y cerca de 3 millones en todo Chile, en demanda de Pensiones, Salud, Educación y Vivienda, entre otros derechos sociales relacionados con una seguridad social que ha sido sistemáticamente vulnerada por el sistema durante mucho tiempo.

Una de las falacias del actual sistema de pensiones, -que en realidad es más bien un sistema de ahorro forzoso para inyectar dineros frescos de los trabajadores y las trabajadoras al mercado financiero, generando millonarias ganancias para las administradoras y negocios asociados- asegura que las platas administradas por las AFP pertenecen a los y las cotizantes, sin embargo lo cual no es posible recuperarlas hasta la jubilación, (exceptuando los seis retiros en contexto de pandemia), momento en el cual tampoco es posible su retiro completo, sino en cuotas mensuales, las que según información de Fundación Sol son inferiores a los $ 343 mil pesos para el 50 % de los jubilados y las jubiladas, lo que equivale al 75% del sueldo mínimo. Ahorros de los trabajadores y las trabajadoras que, a pesar de ser sus dueños, permanecen secuestrados por las administradoras para seguir generando utilidades y así rentabilizar el negocio privado a costa de la precarización de la salud y la vida de millones de chilenos y chilenas. ¿Es esto tolerable?

Otro argumento falaz de esta verdadera “propaganda publicitaria” que han desplegado las AFP a través de los años tiene que ver con la supuesta “libertad de elección” que tendríamos los trabajadores y trabajadoras, libertad que se limita a poder elegir entre una u otra administradora, pero dentro del mismo sistema, sin poder optar a otro de reparto ya que según se ha dicho varias veces éste “no funciona”; sin embargo, esto no parece ser así al observar el modelo que rige para las FF.AA., dejando en evidencia que el sistema que claramente no ha funcionado ha sido, precisamente, el de las AFP, que no está pensado en términos de Seguridad Social para entregar pensiones decentes a los trabajadores y las trabajadoras del país, sino para la acumulación de capital para el negocio privado en perjuicio directo de quienes obligatoriamente deben cotizar en él al no tener otra alternativa, negada sistemáticamente por falta de voluntad política de parte de sectores que no quieren que algo cambie, a pesar de ser una de las principales demandas y necesidades de la población.

Por ello, como CONFEDEPRUS hemos señalado reiteradamente que no podemos seguir aceptando que el negocio de las AFP siga precarizando día a día nuestras vidas y nuestra vejez. Los grandes grupos empresariales siguen enriqueciéndose a costa del pueblo, las trabajadoras y los trabajadores siguen empobreciéndose y recibiendo pensiones de miseria, por ello necesitamos un verdadero sistema de seguridad social que dignifique las pensiones de millones de chilenas y chilenos y permita un buen vivir para todos y todas.

EDITORIAL: La corresponsabilidad del Estado en el cuidado de quienes cuidan la Salud de la población

El pasado sábado 1 de junio, y como todos los años, se llevó a cabo la tradicional Cuenta Pública del gobierno, la tercera en lo que va de su gestión, para informar al país de la marcha del gobierno   durante estos dos años de mandato. Una cuenta que, a pesar de algunos anuncios, careció de temas de fondo en relación con el cumplimiento de compromisos con los trabajadores y las trabajadoras de la Salud Pública de Chile, como Carrera Funcionara e incentivo al retiro, puntos fundamentales para un trabajo decente y el fortalecimiento de su labor en relación con el cuidado de la salud y vida de la población. Sin embargo, y a pesar de lo relevante de su labor, el sector Salud presenta el segundo peor nivel de cumplimiento de compromisos presidenciales detrás de Cultura, según un estudio de Ciudadanía Inteligente.

Podría haberse supuesto, o esperado, que luego de la pandemia y del reconocimiento público a la sacrificada y comprometida labor de los trabajadores y trabajadoras de la Red Asistencial hubiese existido un trato distinto, más allá de los aplausos, hacia el equipo de Salud que debió hacer frente a una situación que dejó en evidencia la fragilidad de un modelo incapaz de dar respuestas adecuadas a las necesidades y demandas objetivas de la población, toda vez que la lógica mercantilista imperante, cuyo rol no es social sino lucrativo, privilegia la oportunidad de negocio por sobre cualquier otro tipo de consideraciones, impactando la red asistencial y a sus trabajadores y trabajadoras en su labor al cuidado del 80 % de la población que se atiende en la Salud Pública.

“El cimiento de nuestra vida en común son esas personas muchas veces invisibilizadas que con dedicación y esfuerzo cuidan la salud (de otros y otras). Son en su mayoría mujeres, que realizan una labor fundamental muchas veces poco reconocida y agobiante, que en muchos casos implica postergar la vida personal. Son ellas las que sostienen el andamiaje de nuestra comunidad. Estos cuidados son los que hacen posible que otros trabajen, estudien y en conjunto produzcan el crecimiento económico y el desarrollo del país”, señala una parte del discurso en relación al tema de los cuidadores y las cuidadoras, específicamente en el capítulo 3, titulado “Un Chile que cuida y protege para vivir mejor”, en donde se pone énfasis en la necesidad de avanzar hacia una sociedad de cuidados compartidos, con corresponsabilidad del Estado. Lógica que debería extenderse y aplicarse también al cuidado no sólo de quienes cuidan la salud y la vida de sus familiares, sino también la salud y la vida de millones de chilenos y chilenas que se atienden en el sector público.

Para ello y tal como lo hemos venidos señalando como gremio, el gobierno debe comenzar cumpliendo sus compromisos con el equipo de Salud respecto de avanzar en condiciones de trabajo decente, como Carrera Funcionaria e incentivo al retiro permanente, que son demandas históricas y reivindicaciones urgentes para los trabajadores y trabajadoras de la Salud, quienes no podemos estar en una eterna lista de espera sin que se atiendan nuestras demandas y necesidades, que nacen de necesidades objetivas y concretas para poder atender a la población. Los trabajadores y las trabajadoras de la Salud también cuidamos personas, pero el Estado no nos cuida, no reconoce una labor fundamental, muchas veces agobiante, que en muchos casos implica postergar la vida personal, sin considerar que son ellos y ellas quienes sostienen el andamiaje de nuestra sociedad, cuidando la salud y la vida de las personas para que trabajen, estudien y sean un aporte al crecimiento económico y el desarrollo del país.

Margarita Araya: “Los trabajadores y trabajadoras de la Salud Pública que cuidan a la población siguen en lista de espera”

  • Presidenta de CONFEDEPRUS lamentó ausencia de propuestas para el sector durante Cuenta Pública presidencial del pasado sábado 1 de junio.

El pasado sábado 1 de junio se llevó a cabo la tradicional Cuenta Pública del gobierno, en la que por tercera vez el presidente de la República, Gabriel Boric, rindió cuenta al país de su gestión durante estos dos años de mandato. Una cuenta que tuvo sus principales ejes en temas de economía y seguridad, pero en la que se echaron de menos temas relacionados con la Salud Pública del país y sus trabajadores y trabajadoras, quienes sustentan la salud y la vida de la población pero que, a pesar de lo relevante de su labor, presentan el segundo peor nivel de cumplimiento de compromisos presidenciales detrás de Cultura, según un estudio de Ciudadanía Inteligente.

“La verdad es que revisando las 61 propuestas presidenciales y luego de haber escuchado y leído el discurso con detalle, vemos que hay muy poco para la Salud Pública de Chile”, señala Margarita Araya, presidenta de CONFEDEPRUS. “Hay ausencia en materias de anuncios para cumplir los compromisos con los equipos de Salud respecto de avanzar en condiciones de trabajo decente, como Carrera Funcionaria e incentivo al retiro permanente, que son demandas históricas y reivindicaciones urgentes para los trabajadores y trabajadoras de la Salud. No hubo anuncios de financiamiento adicional para resolver las listas de espera en el sistema público y no seguir fomentando la tercerización de recursos a través del anuncio de los $ 28 mil millones para resolver de forma privada las listas de espera, así como la importancia del uso de recursos públicos para concesiones hospitalarias, donde no queda muy clara la línea de infraestructura a través de la cual la alianza público-privada pueda seguir haciendo uso de los recursos del Estado”, agregó.

Respecto a otras materias asistenciales, la presidenta de CONFEDEPRUS indicó que “todavía hay brechas, como en el proyecto de salas cunas para Chile, que deja fuera a los trabajadores y trabajadoras públicos/as, o el vacío en la ley Karin al no contemplar el fortalecimiento del empleo a través de sus trabajadores y trabajadoras, generando ambas un vacío respecto del empleo público. También queda harto al debe en términos de poder avanzar en materias de garantías de derechos sexuales y reproductivos y poder ir cerrando brechas de equidad salarial que afectan a nuestro sector, altamente feminizado”, destacando al mismo tiempo el anuncio de una ley de aborto libre “que debe poner el debate al centro de la mesa”, agregó. Otro tema relevante abordado durante el discurso presidencial fue el relacionado al Sistema Nacional de Cuidados, básicamente en la Atención Primaria y de la Ley Integral de Salud Mental, “donde faltan las garantías de recursos o al menos la exigencia que se consideren dentro de la ley de presupuesto para el nivel centralizado de la Salud, que también necesita fortalecerse para dar garantías a la población de la implementación de estas legislaciones”, expresó Margarita Araya.

“No hubo en el discurso algún tratamiento especial para la Salud Pública, a pesar de su relevancia social, como sí la tuvieron otros temas al parecer más prioritarios para el gobierno. Yo no sé hasta cuando la Salud Pública de Chile y sus trabajadores y trabajadoras, que somos quienes la sostienen, debemos estar en una lista de espera interminable sin que se atiendan nuestras demandas, que nacen de necesidades objetivas y concretas para poder atender a la población. Cuando se habla de un Chile que cuida y protege para vivir mejor respecto del tema de las personas cuidadoras, hay que entender que los trabajadores y las trabajadoras de la Salud también cuidamos personas, pero el Estado no nos cuida, no reconoce una labor fundamental, muchas veces agobiante, que en muchos casos implica postergar la vida personal. Son ellos y ellas quienes sostienen el andamiaje de nuestra sociedad, cuidando la salud y la vida de las personas para que trabajen, estudien y sean un aporte al crecimiento económico y el desarrollo del país”, agregó.

“Por ello, creemos que hubo muy poco para el mundo de la Salud Pública en esta Cuenta Pública, principalmente a partir de sus trabajadores y trabajadoras, quienes merecen que se reconozca su labor como una necesidad social que debe tener de parte del Estado la necesaria corresponsabilidad, porque para una Salud Pública digna, oportuna y de calidad se deben garantizar condiciones de trabajo decente para el equipo de Salud y el fortalecimiento a través de garantías para una Carrera Funcionaria e incentivo al retiro permanente, que fueron compromisos del gobierno, que están en su programa y que aún no se cumplen”, finalizó la presidenta de CONFEDEPRUS.

Margarita Araya: “Los diputados y diputadas deben legislar para el pueblo y no a favor del empresariado”

Durante el pasado día miércoles 29, CONFEDEPRUS junto con otras organizaciones participó de la convocatoria realizada por la CUT  frente al Congreso Nacional de Valparaíso para exigirle al gobierno el cumplimiento de su programa y de sus compromisos con los trabajadores y las trabajadores de Chile.

En la ocasión, la presidenta de nuestro gremio, Margarita Araya, señaló que “vemos en la calle que si estamos todos juntos y juntas podemos ir por mucho más, hoy este llamado de atención es para los diputados y diputada en el Congreso para que de una vez por todas comiencen a legislar a favor del pueblo y no del empresariado de este país. Es momento de avanzar en las reformas que tienen que ver con seguridad social y en especial con la reforma de salud, que está tiene cada día más precarizada”

“Es momento de dar la lucha, no soltar las calles y exigir que se legisle para un buen vivir de todos y todas. Para avanzar en una reforma de Salud es imperioso una Carrera Funcionaria y el cumplimiento de un incentivo al retiro permanente para garantizar el fortalecimiento de la Salud Pública, porque sin trabajo decente no es posible una Salud Pública”, finalizó.

EDITORIAL: Cuidar a los que cuidan

Hace unos días, un informe de la Dipres replicado en algunos medios de comunicación revelaron que funcionarios y funcionarias del Estado faltan, en promedio, un mes al año por licencias médicas, lo cual se ha ido incrementando después de la pandemia. En efecto, en 2018 cada funcionario/a faltó, en promedio, 25,85 días, en tanto que en el 2022 se ausentaron 35,37 días, lo que se explica principalmente según diversos especialistas a las consecuencias del Covid-19, siendo la mayoría de los permisos por salud mental. Si entramos en el detalle, el Ministerio de Salud es la cartera que tiene más ausencias, puesto que en 2022 registró un promedio de 42,92 días, 12 días más que 2018, seguido del Ministerio de Educación con 39,01 días en 2022. Es decir, entre 2019 y 2023 los días de ausentismo laboral en el sector Salud aumentaron un 118%

Las causas que originan la ausencia de un trabajador o trabajadora de su puesto de trabajo son variadas, siendo la más frecuente la ausencia por enfermedad, junto a los accidentes laborales. Según el informe Human Resources Management Country Profiles, que dio a conocer la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en diciembre de 2012, Chile ocupa el primer lugar de ausentismo laboral por enfermedad en funcionarios públicos del país, alcanzando un promedio anual de 15,7 días por trabajador durante el 2010, el más alto para los estándares de la OCDE que promedian 11 días por trabajador al año, considerando también que nuestro país posee el promedio anual de horas trabajadas más alto de la OCDE, con más de 2 mil horas de trabajo al año, muy por encima del promedio de la OCDE de 1.745 horas.

Según un estudio de los investigadores Francisco Mesa y Ana María Kaempffer, en Chile la tasa de ausentismo laboral más alta se da entre los trabajadores y trabajadoras de hospitales, con el impacto que ello implica en su salud física y mental y la sobrecarga que conlleva para los y las demás. La evidencia ha identificado que las características propias del trabajo por turnos, tales como la duración del turno, el número total de horas semanales, el trabajo nocturno y las oportunidades de descanso pueden significar un deterioro en el desempeño laboral y en el bienestar de los equipos de trabajo. Una realidad que evidencia la precarización de las condiciones laborales en las que deben desempeñarse, particularmente en Salud funcionaria. En efecto, hay tasas de ausentismo que van aumentando año a año desde la pandemia y eso es algo que como CONFEDEPRUS anunciamos que iba a ocurrir, debido a la sobrecarga laboral a la que se vieron expuestos; sin embargo, no ha habido desarrollo profundo de medidas con la inyección de recursos suficientes para que las medidas sean eficientes en su aplicación.

Del mismo modo, vemos que tampoco existe algún plan que garantice la asistencia, reparación o dé garantías de no repetición para esta vulneración de sus derechos, situación ante la cual como confederación hemos sido insistentes en pedirle al Minsal que se haga responsable y que disponga los recursos necesarios para avanzar a la implementación de programas eficientes en establecimientos de Salud, con la creación de las unidades de Salud del trabajador y un plan que permita dar solución a las necesidades de atención del personal, para que de esa manera también puedan reinsertarse en su trabajo en un tiempo más acotado para ir cumpliendo con la función pública que desarrollan.

Por ello, y porque estas cifras representan una alerta respecto al estado de vulneración de derechos fundamentales, como son la integridad física y psíquica de los trabajadores y las trabajadoras en un área tan sensibles como la Salud, como gremio del sector hacemos un llamado a la autoridad para que se dispongan planes más eficientes en dar solución a las necesidades de salud de nuestros trabajadores y trabajadoras, especialmente luego de las declaraciones del ministro de Hacienda, Mario Marcel, respecto de restricciones presupuestarias para el 2025 en términos de contrataciones en servicios con alto ausentismo laboral, sin considerar las razones de ello ni menos las soluciones para generar condiciones laborales distintas que reduzcan estos índices, que reflejan la precariedad en la que deben desempeñar su vital labor los equipos de trabajo.

Margarita Araya: “Las cifras de ausentismo laboral en el sector público dan cuenta de la precarización de sus trabajadores y trabajadoras”

  • Presidenta de CONFEDEPRUS comentó publicación de cifras de la Dipres aparecida en Diario Financiero y replicadas por radio Bío-Bio.

El pasado jueves 9 de mayo, radio Bío-Bío compartió una publicación del Diario Financiero que consignaba que, según cifras de la Dipres, el ausentismo laboral en el sector público se ha incrementando luego de la pandemia, alcanzando actualmente un promedio de un mes al año por licencias médicas. De acuerdo con la información, en 2018 cada funcionario/a faltó en promedio 25,85 días por licencias médicas y otros permisos, mientras que en el 2022 la cifra aumentó a 35,37 días, siendo el Ministerio de Salud la cartera con más ausencias (42,92 días en promedio al 2022, 12 más que en 2018), seguida por el Ministerio de Educación con 39,01 días en 2022.

Al respecto, la presidenta de CONFEDEPRUS, Margarita Araya, señaló que “estas cifras dan cuenta y evidencian la precarización de las condiciones laborales en las que deben desempeñarse los trabajadores y las trabajadoras, particularmente en Salud funcionaria. Efectivamente, hay tasas de ausentismo que van aumentando año a año desde la pandemia y eso es algo que como CONFEDEPRUS anunciamos que iba a ocurrir, debido a la sobrecarga laboral a la que se vieron expuestos, el impacto en su salud física y mental. Nos llama la atención que los grupos más vulnerados sean Educación y Salud, con más tiempos de licencia por enfermedades muchas de ellas relacionadas con patologías osteomusculares y de salud mental, una temática relevante que ha sido prioridad en las políticas públicas del gobierno, pero que no ha tenido ningún desarrollo profundo con la inyección de recursos suficientes para que las medidas sean eficientes en su aplicación”.

La presidenta de nuestro gremio expresó su preocupación, ya que “tampoco existe algún plan que garantice la asistencia, reparación o dé garantías de no repetición para esta vulneración de sus derechos, por lo tanto esto explica la insistencia que hemos tenido como confederación en pedirle al Minsal que se haga responsable y que disponga los recursos necesarios para avanzar a la implementación de programas eficientes en establecimientos de Salud, con la creación de las unidades de Salud del trabajador y un plan que permita dar solución a las necesidades de atención del personal, para que de esa manera también puedan reinsertarse en su trabajo en un tiempo más acotado para ir cumpliendo con la función pública que desarrollan”, agregó.

“Estas cifras son una alerta respecto al estado de vulneración de derechos fundamentales, como son la integridad física y psíquica de los trabajadores y las trabajadoras en áreas tan sensibles como la Educación y la Salud, por ello es que como gremio del sector hacemos un llamado a la autoridad para que se dispongan planes más eficientes en dar solución a las necesidades de salid de nuestros trabajadores y trabajadoras”, finalizó Margarita Araya, presidenta de CONFEDEPRUS.

EDITORIAL: Ley corta de Isapres, larga vida para el negocio en la Salud

El pasado miércoles, el gobierno ingresó el último paquete de indicaciones en relación a la ley corta de ISAPRES, el cual involucra compromisos tanto del Ejecutivo como de la Superintendencia de Salud respecto de diversos puntos como la creación del Seguro de Salud Catastrófico, la modificación de la ley N°20.585 sobre otorgamiento y uso de licencias médicas, el fortalecimiento de la Superintendencia de Salud y mejoras a la regulación del cálculo del Índice de Costo de la Salud (ICSA), así como la aplicación de la adecuación de la tabla de factores y el ajuste de los planes de salud al valor de la cotización legal, entre otras medidas.

Sin embargo, uno de los aspectos más relevantes tiene que ver con la propuesta de posponer el plazo de pago de la deuda de las isapres a sus afiliados y afiliadas de 10 a 13 años, dos años para las personas mayores de 80 años y cinco para las personas mayores de 65 años. Lo anterior, con el objetivo de darle viabilidad al fallo de la Corte Suprema, que mandata a las aseguradoras a devolver los cobros en exceso, una salida a las aseguradoras de salud privada que, entre otras cosas, las obliga a ajustar el valor de sus planes a una nueva tabla de factores y devolver cobros excesivos a sus afiliados y afiliadas.

Anteriormente, también se había intentado lanzar un salvavidas a las ISAPRES a través de la mutualización, propuesta presentada por el comité de expertos que trabajó al alero de la Comisión de Salud del Senado y que reducía la deuda desde unos US$1.000 millones a US$ 451 millones, según cálculos de la Superintendencia de Salud, la que finalmente quedó sin efecto tras el fallo del Tribunal Constitucional (TC), ente que en marzo pasado acogió por seis votos a favor y cuatro en contra el requerimiento de un grupo de parlamentarios que acusaban un perdonazo a las ISAPRES. Esto, sin olvidar que

Y no sólo esto, ya que además el gobierno presentó otras indicaciones para, entre otras cosas, autorizar a las aseguradoras a aplicar nuevas alzas en sus precios base para lograr el equilibrio financiero de la industria, con el argumento de que podrían enfrentar la quiebra de su negocio, dejando a cerca de tres millones de afiliados y afiliadas sin cobertura. Es decir, privatizar las ganancias y socializar las pérdidas, al igual que pasa con las AFP, en la lógica perversa y torcida de este sistema de acumulación por desposesión. Otra señal del escaso compromiso real que ha tenido este gobierno con la Salud Pública de Chile y sus trabajadores y trabajdoras, quienes lo sustentan.

Como CONFEDEPRUS y al igual que como lo hemos venido haciendo como gremio de la Salud Pública respecto de la defensa de la Salud como Derecho Social y humano fundamental, nos oponemos a este modelo de salud privada que da muestras evidentes de aquellas prácticas de las que se nutre este modelo, como es el abuso hacia la ciudadanía para el enriquecimiento particular del negocio privado, lógica que se replica en muchos ámbitos más con malas prácticas que cruzan el sistema, favoreciendo a empresas privadas que durante décadas han incumplido las leyes para enriquecimiento particular a costa de los derechos sociales de las personas.

Otro abuso más de un modelo que sigue vigente en un país que aún deberá seguir esperando por los cambios sociales demandados por millones de chilenos y chilenas que permitan el buen vivir, no sólo para los más privilegiados sino para todas y todos los habitantes de este país que necesitan salud. Es de espera, en consecuencia, que cuando se vote este proyecto de ley el próximo lunes sea rechazado, ya que no resuelve los problemas de quienes necesitan salud, tanto de los afiliados a Isapres y Fonasa y que se legisle para las y los millones de chilenos, cuya salud es un derecho humano fundamental que no puede verse sometido a los vaivenes del mercado, puesto que es inmoral lucrar con el bienestar de la población.

EDITORIAL: Una mayoría social unida y fuerte

El pasado miércoles 1 de mayo se conmemoró el Día Internacional del trabajador y la trabajadora, fecha que marca un hito a sangre y fuego en la historia del sindicalismo mundial en la justa y necesaria lucha contra los abusos y por la dignidad y respeto de Derechos Humanos fundamentales, como es la calidad que debe tener el trabajo decente. En aquel hecho, registrado en 1886, fueron ejecutados 4 sindicalistas por luchar por un derecho para todos y todas, no sólo para quienes pensaran como ellos, lo cual ennoblece esta fecha, esta lucha y las muchas más que se libran por derechos sociales y humanos universales.

En esa línea, como gremio representante de las y los profesionales de la Salud Pública centralizada y descentralizada del país hemos levantado y sostenemos con fuerza nuestra demanda de avanzar en la garantía de Derechos Humanos Fundamentales por parte del Estado de Chile, como son el Derecho al Trabajo Decente para el equipo de Salud, compuesto en más del 70% por mujeres trabajadoras y que mantiene condiciones de inequidad, desigualdad y discriminación que profundizan día a día la precarización de nuestro sector y que sin duda impactan directamente en el fortalecimiento de una Salud Pública digna, oportuna y de calidad. Trabajo decente que ha sido promesa del actual gobierno, pero que se mantiene incumplida para con los trabajadores y las trabajadoras de la Salud Pública de parte de un gobierno que se dice progresista, pero que no ha cumplido sus propuestas en materias de Carrera Funcionaria para nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras.

Esta fecha nos encuentra, precisamente y en concordancia con lo anterior, en un momento en que como organización tuvimos nuestra primera Asamblea Nacional Ordinaria 2024, en la que votamos y aprobamos nuestro Manifiesto Político, refrendando las demandas contenidas en nuestra plataforma reivindicativa 2022 – 2025 y nuestro compromiso con una Carrera Funcionaria a través de un proyecto de ley que otorgue un encasillamiento a los y las profesionales para el cumplimiento de éste y todos los compromisos que el gobierno ha establecido con nuestro sector en todas las materias que impactan en las garantías de Trabajo Decente.

Asimismo, como parte integrante de la CUT hacemos propio el Manifiesto Social, en el que junto a otras organizaciones sociales fijamos la demanda de que el gobierno del presidente Gabriel Boric cumpla sus compromisos con el mundo social, sindical y trabajadoras y trabajadores de Chile suscritos en su programa, particularmente en lo que se refiere a la negociación colectiva ramal, así como un salario mínimo ético que dé respuesta a las necesidades objetivas de la población, la implementación del Convenio 190, la equidad salarial para terminar con las brechas económicas, el establecimiento de un Sistema Nacional de Cuidados, el fin de la informalidad laboral y el fortalecimiento de la Salud Pública. Además, el presidente debe volver al contenido inicial de las dos grandes reformas de su programa, como es la Reforma Tributaria y una Reforma al Sistema de Pensiones que garantice una jubilación digna para las trabajadoras y los trabajadores, terminando con los abusos del sistema de AFP. Todas y todos merecemos avanzar hacia un buen vivir.

Como CONFEDEPRUS, este 1 de mayo salimos a la calle para exigir garantías laborales reales para el equipo de Salud, reconociéndole como uno de los ejes centrales para el fortalecimiento de la Salud Pública de Chile, reimpulsando las demandas establecidas por millones de chilenos y chilenas durante el pasado estallido social y que siguen sin solución, en medio de un contexto  en el que no se ha podido avanzar en estas materias producto al rechazo a una reforma tributaria que permita establecer mayor equidad para las y los chilenos y al entrampamiento del proyecto de ley para una reforma al sistema de pensiones, que no avanza y probablemente no avanzará en mejorar las pensiones a los actuales jubilados y jubiladas. Por ello, hoy más que nunca estamos convencidas y convencidos de que debemos dar esta lucha de manera articulada, como parte de la clase trabajadora, con organizaciones sindicales y sociales. Las trabajadoras y Trabajadores de Chile, muy especialmente el equipo de Salud, no podemos seguir esperando y debemos seguir presentes en las calles, para que las calles no solo sean testigos de nuestras luchas, sino también de nuestras victorias, que son las de una mayoría social que es fuerte si permanece unida.

Margarita Araya: “No sirve de nada que ministros hayan marchado ayer si el gobierno no cumple sus promesas con los trabajadores y trabajadoras de la Salud”

  • CONFEDEPRUS participó en masiva marcha en el Día Internacional del trabajador y la trabajadora.

Como todos los años, CONFEDEPRUS marchó ayer miércoles 1 de mayo, Día del trabajador y la trabajadora, junto a diversas organizaciones sociales y gremiales, en un recorrido que se extendió por la Alameda hasta el edificio del GAM en demanda por mejoras laborales, salariales, pensiones dignas y condiciones de trabajo decente para los trabajadores y trabajadoras de Chile, en especial los y las de la salud Pública de nuestro país. La actividad, convocada por la Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras (CUT), se desarrolló de manera pacífica desde plaza Los Héroes.

En la ocasión el presidente de la CUT, David Acuña, expresó que «muchos de los trabajadores, a pesar de tener un trabajo, no les alcanza para llegar a fin de mes. Por eso, queremos plantear que antes del término del mandato del presidente Boric quede instalada una mesa salarial que nos permita dialogar con todos los actores. Estamos haciendo un llamado para que crezcamos con equidad, con equidad salarial y equidad de condiciones», añadió Acuña, quien también denunció las bajas pensiones que reciben los jubilados, criticando la demora de más de 12 años tratando de reformar el sistema de pensiones, además de otras demandas como la negociación ramal y la reforma al sistema de salud, entre otros.

Por su parte la presidenta de nuestro gremio, Margarita Paz Araya Flores, expresó que “estamos aquí nuevamente en la calle, que es desde donde siempre debemos dar nuestras luchas justas y legitimas por la recuperación y defensa de derechos, en esta fecha tan importante y que simboliza todo lo que le ha costado al movimiento obrero, al sindicalismo, a los trabajadores y trabadoras del mundo y de este país avanzar en conquistas sociales, dando incluso la vida en estas batallas por derechos fundamentales para que todos y todas podamos tener mejores condiciones de vida. Como gremio de la Salud Pública y en conjunto con otras fuerzas sociales hemos venido insistiendo desde hace tiempo en demandas que tienen que ver con la calidad del trabajo decente para el fortalecimiento del sistema público y la garantía de buen servicio a la población, lo cual pasa necesariamente en el caso de la nuestro sector por una ley de encasillamiento que permita una carrera funcionaria real para nuestros funcionarios y nuestras funcionarias, pero hasta ahora el gobierno nos ha dado vuelta la espalda, no ha cumplido sus promesas y por ello lo emplazamos a que lo haga, que no se olvide del mundo social y sindical que lo apoyó para poder avanzar en derechos, no para quedarnos estancados donde mismo. Vimos a algunos ministros acompañando la marcha, pero no basta con marchar junto a los trabajadores y trabajadoras, lo que de verdad importa es que el gobierno cumpla sus promesas”, finalizó.