Uno de los aspectos menos conocidos de la dictadura cívico militar, además de las torturas y ejecuciones políticas de los opositores que caracterizaron al régimen, fue la entrega ilegal en adopción de miles de bebés, niños y niñas, provenientes de familias chilenas pobres y jóvenes a familias de Europa y Norteamérica, cifra que según diversas investigaciones oscila entre 8.000 y 20.000. Adopciones de niños y niñas en condiciones de vulnerabilidad, secuestrados mediante engaños para llevar a cabo esta política de la dictadura para el control de la pobreza, a cambio de apertura diplomática y buena imagen en el exterior.

Según la doctora en Historia y autora de una veintena de investigaciones, Karen Alfaro, nuestro país fue uno de los principales proveedores de niños y niñas del Cono Sur. A través de sus trabajos, la investigadora demostró que esta práctica afectó, principalmente, a mujeres en situación de vulnerabilidad mediante mecanismos de control y regulación familiar que les impedían la crianza de sus hijos o hijas. Una especie de “privatización” del cuidado de la infancia pobre, reubicando a los niños y las niñas en familias en el extranjero, dentro de un modelo ideal de familia neoliberal, heterosexual y de clase media implantado con la dictadura, perfiles predilectos para la adopción forzada.

Así también, y según estas investigaciones, existieron las llamadas “casas de engorda”, varias de ellas bajo el dominio de CEMA Chile y de la Secretaría Nacional de la Mujer, ubicadas en las poblaciones del sur de Santiago o en el sur del país, donde se llevaba a mujeres embarazadas, de sectores populares, para forzarlas a dar sus hijos o hijas en adopción. Todo un entramado civil y militar que se articuló para desarrollar estas prácticas de regulación de la sexualidad y de un tipo de familia que, a 50 años del golpe de Estado, aún no están contenidas en los informes de Verdad como la violencia política sexual contra las mujeres y aquellas otras violaciones a los DD.HH. que tienen una dimensión de género y que no han sido todavía abordadas desde un reconocimiento estatal.

Adopciones forzadas que pueden ser calificadas como delitos de lesa humanidad en la medida que fueron mecanismos de apropiación de niños y niñas, consideradas como secuestros permanentes, donde nunca hubo reencuentro con sus familias tras las separaciones, en muchos casos ocurridas luego del parto y sin la autorización de sus padres, lo cual también constituye una violación a los Derechos Humanos pues se trata de quitar el derecho a la identidad al despojar a la persona de su origen biológico. Sin embargo, y gracias a la agrupación Hijos y Madres del Silencio, cerca de 300 niños y niñas, hoy ya mayores, han podido encontrar a sus familias biológicas y conocer su identidad, manteniéndose la presión de organizaciones de Chile y de otros países a sus gobiernos para que acompañen está búsqueda y encuentren responsables, recibiendo por ahora sólo negativas.

Por ello como CONFEDEPRUS, además de repudiar estos hechos y exigir el esclarecimiento total, la reparación y la justicia que corresponda para los casos pendientes, creemos que la nueva Constitución debe garantizar los Derechos Humanos en su más amplia y completa dimensión, no sólo referida a la perpetración de crímenes como la tortura y el asesinato, sino también como un concepto que abarque y recoja la protección de los derechos de niños y niñas, así como  las demandas, basadas en necesidades reales y objetivas, de millones de chilenas y chilenos, haciéndose cargo de avanzar en un Estado Social y Democrático de Derechos que incorpore en el respeto y garantía de los Derechos Humanos una visión más amplia, en donde tengan cabida y respuesta derechos sociales fundamentales como la Salud, Trabajo, Pensiones, Medioambiente y todos aquellos determinantes sociales de la Salud, en un contexto en el que el llamado no sólo es a no desconocer nuestro pasado, sino a condenar abiertamente todos estos abusos y no relativizar las violaciones a los DD.HH., como está ocurriendo en algunos sectores, de manera de no repetir la historia.

Estos 50 años deben ser un punto de inflexión para avanzar en derechos, no para retroceder.

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