En términos generales, la violencia se define como el uso de la fuerza física o el poder contra una persona, grupo o comunidad, que tiene como resultado la probabilidad de daño psicológico, lesiones o la muerte. Dentro de ese marco, en nuestro país ello se ha visto expresado de diversas formas a través de la historia, muchas veces como una forma de ejercer poder sobre sectores o grupos sociales más vulnerables, situados en posición de inferioridad jerárquica o de subordinación,  siendo la violencia hacia las mujeres una de ellas en un sistema patriarcal en el que lo femenino se ha subordinado históricamente a lo masculino. A partir de esta asimetría estructural se sientan las bases sobre las cuales se han construido las relaciones de género, sociales y de poder en Chile, estableciéndose una jerarquización desigual en base a los roles sexuales asignados socialmente dentro de esta cultura patriarcal, tanto a nivel institucional como personal, constituyendo una lógica de violencia de género hacia las mujeres.

En este sentido, el período de la dictadura no hizo sino agudizar de manera brutal este dispositivo de violencia estructural, histórico, a través de la implantación de una ideología de continuas políticas y prácticas de violencia estatal contra la sociedad, especialmente contra sectores populares y obreros, además de perpetuar y profundizar la desigualdad de los géneros y la violencia de género, especialmente la violencia política hacia mujeres disidentes, apresadas y torturadas, y que según la documentación acreditada iba desde la violencia psicológica -por su “condición” de mujer- hasta el uso de la violencia sexual como método de interrogatorio y tortura, debiendo sobrellevar una represión con pautas de castigos diferentes por su género, de acuerdo a un tipo de ideario social-cultural fundamentado en las desigualdades entre géneros, como expresión no sólo ideológica, sino cultural, de una lógica social para perpetuar la subordinación de las mujeres como personas inferiores.

De esta manera, la violencia de género, cuya máxima expresión fue la tortura sexual en distintos grados, formó parte de una política de Estado llevada a cabo por la dictadura cívico-militar de extrema derecha en Chile, basada en la violencia y en la dominación y cuya ejecución buscaba la coerción de las mujeres por medio del terrorismo de Estado y la tortura, dentro de un discurso tradicional y conservador enfocado en el reforzamiento del modelo patriarcal en el que el papel central de la mujer se debía dar dentro del espacio familiar en concordancia con el cumplimento estricto y cabal de su rol como esposa y dueña de casa. Discurso ideológico cuyo objetivo era la legitimación del nuevo orden mediante un modelo de mujer centrado en labores tradicionales, alejadas de la política y funcionales al régimen.

En este contexto, aquellas mujeres que no cumplían con estos preceptos representaban un modelo de mujer que la dictadura no estaba dispuesto a tolerar, por lo cual eran consideradas como enemigas y tratadas como tales. De esta manera, se configuró un trato específico para las mujeres en las sesiones de tortura, de exacerbada violencia sexual, destinados al castigo femenino mediante su humillación física y moral. Este tipo de violencia de género masiva contra mujeres fue una de las expresiones más bestiales ejecutadas por la dictadura, porque pretendía establecer una relación de sometimiento y de desigualdad de poder a partir de la vulneración de la sexualidad de la víctima, a través de lo cual el dolor físico infligido mediante el castigo es magnificado de manera consciente, deliberada, con degradantes métodos de tortura dirigidos en contra de su identidad sexual y su anatomía física debido a su género, a  ser mujer, con todos los significados socio-culturales y políticos que ello conlleva.

Hechos de violencia sexual que han sido documentados y que a partir del 2004, con la publicación del Informe Valech, son reconocidos en su especificidad de género por el estado, a través de testimonios de mujeres sobrevivientes torturadas por la dictadura militar. Lo anterior exige que, luego de reconocida y difundida esta experiencia, se propicien también las bases legales, institucionales y culturales que comprometan a toda la sociedad para que no vuelva a existir jamás este tipo de violencia contra la mujer en nuestro país. Ello requiere, sin embargo, de la comprensión política de esta realidad, lo cual parece estar bastante lejos de una cabal aceptación, en vista del sostenido negacionismo y relativización de la gravedad de los hechos que, a 50 años del golpe, no exhibe cambios favorables en su postura.

Es por ello que como CONFEDEPRUS, gremio de la Salud Pública compuesto en su gran mayoría por mujeres trabajadoras, siempre hemos actuado con enfoque de género, porque entendemos que parte importante de las luchas por reivindicación de derechos que impulsamos y apoyamos tienen que ver con los derechos de las mujeres, como personas y fuerza social, matriz y motriz, de procesos de cambio político y cultural, como se evidenció durante las masivas marchas feministas en demanda de igualdad de derechos. Procesos que, dentro del actual escenario, parecen haberse estancado en un proceso constituyente en marcha que amenaza los avances sociales, retrocediendo incluso en ello, lo cual no es representativo de las masivas demandas sociales y ciudadanas por un país distinto, más justo, equitativo, inclusivo y garante de derechos sociales y humanos fundamentales.

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