La política institucional ha aprovechado la premura de los tiempos involucrados en el cierre del año 2024, para desarrollar y tomar decisiones sobre temas trascendentales que afectan directamente a la ciudadanía en Chile. Lamentable camino tomado principalmente por dos poderes del Estado como son el Ejecutivo y el Legislativo, ya que oportunistamente mientras el Pueblo en general está preocupado de otros temas, se avanza en cuestiones fundamentales sin reflexión profunda, sin despliegue de información en forma democrática. Uno de estos temas es lo que se ha denominado como una reforma al sistema de pensiones.
Un escenario bastante difícil de enfrentar ya que la situación de las pensiones es altamente dramática con una multiplicidad de miradas y soluciones, cuestiones que se han revisado por Ejecutivos anteriores con fracasos significativos y ahora es el turno del gobierno del presidente Boric.
Las visiones acerca de reformar el sistema de pensiones han estado en permanente discusión. Ante la existencia de posiciones liberales, aparentemente contrapuestas, finalmente se observa que se busca la mantención del sistema actual perfeccionándolo mediante la mayor participación del Estado en forma subsidiaria.
Pese al compromiso inicial del gobierno actual sobre cambiar totalmente el sistema de previsión de Chile hoy nos encontramos en el escenario oficial que tiene el fin de mantener el modelo de mercantilización de los Derechos sociales, por cuanto mantener la privatización del sistema de pensiones con fines de lucro.
Lamentablemente estas definiciones también están en manos de un Congreso con bajos niveles de aprobación por parte de la ciudadanía y que, en la actualidad, en general, no representan al Pueblo sino que representan a intereses netamente económicos.
Al respecto, cada discurso de políticos de distinta tendencia, con el fin de alcanzar acuerdo sobre este tema, debe ser revisado en su mérito ya que se observa en general que no se busca transitar hacia recuperar el Derecho Fundamental de la Seguridad Social en materia de pensiones, sino más bien a resguardar los intereses de los dueños del poder económico en Chile, yendo en dirección contraria a lo declamado por el Pueblo Chileno.
En este desarrollo está claramente establecido que la situación se ha llevado al punto crítico de la defensa de una ideología basada en el neoliberalismo y el resguardo del mercado de capitales, alejándose de los principios universales de la Seguridad Social.
Se insiste en que el mejoramiento pasa por fortalecer el negocio de las pensiones: ratificando y aumentando el desarrollo de la capitalización individual, generando algunos argumentos para su efecto final, entre otros, aumentar la edad de jubilación.
Es por ello que en la actualidad el Ministerio de Hacienda tiene mucho más que decir sobre el particular, más que el mismo Ministerio del Trabajo, ya que las decisiones afectan directamente sobre la economía del país.
El Pueblo chileno debe estar alerta, cumpliendo permanentemente con su rol fiscalizador sobre el quehacer y postura del gobierno y de los parlamentarios de distintos distritos, con el fin de conocer su intención de voto y su postura sobre lo que el Pueblo chileno exige.
La situación actual de la negociación política al respecto ha implicado cambios significativos en la propuesta original del gobierno, dejando muy satisfechos a los que ostentan el poder económico y alejándonos cada vez de un modelo basado en la Seguridad Social.
En la lógica de fortalecer el mercado de capitales, el gobierno terminó aceptando las combinaciones alambicadas propuestas por la derecha política y el poder económico, lo que de avanzar sería en realidad una verdadera derrota para las y los trabajadores.
Es necesario hacer un llamado al gobierno para que retire el proyecto y defienda su postura original, más, requiera de un cambio en cuanto a la entrega de la PGU llevándola a la condición de universalidad y que sea entregada a las mujeres desde su edad de retiro laboral.
También debe aclarar de frente a la ciudadanía sobre la situación de la propuesta de aumentar la cotización con cargo a los trabajadores de un 0,5% para ser aportados a un fondo solidario ya que, si no se cumple con la idea original de un 6% de cargo del empleador al mismo fondo, el aporte adicional de los trabajadores no se justificaría. Si no es así se interpretaría como mayores ganancias para las AFP’s.
Si el 6% con cargo al empleador se asigna a capitalización individual, no será ningún aporte a la mejora de las pensiones por parte de las AFP’s, ya que han demostrado en 43 años de ejercicio impuesto obligatoriamente, su fracaso en el logro de rentabilidad en el modelo. Un mayor aporte a las AFP’s no significará mejores pensiones, es cosa de observar la caída de las rentabilidades de los fondos y a sus negativas proyecciones. Por cuanto nuevamente será el Estado subsidiario el llamado a resolver la situación, Estado que ya no contará con el componente social que se proyectaba originalmente en la reforma. Mantener el modelo de cuentas individuales, es mantener la crisis social y financiera que asumirá el Estado, y específicamente nosotros.
Claramente es imperante una reforma de pensiones, avanzando hacia la recuperación del Derecho fundamental de la Seguridad Social, pero en dicha urgencia no podemos aceptar cualquier reforma. La urgencia de resolver la situación precaria de miles de chilenos y chilenas pensionados nos pone en jaque permanentemente. Y hoy es el caso, pero ello debe implicar medidas que cambien el modelo fracasado de las AFP’s por un modelo fundado en los principios de la Seguridad Social, si eso no se da debemos seguir luchando por cambiarlo de raíz, de lo contrario perpetuaremos un modelo basado solo en la ideología de la oposición a la regulación del mercado y a la mínima participación del Estado en la economía del país.
En el mediano plazo exigimos al gobierno avanzar en un proceso para una reforma mayor y estructural que nos permita lograr un sistema previsional para “jubilaciones”, prosperar hacia un sistema solidario con responsabilidad del Estado, y que determine la reinstauración de la Seguridad Social como un Derecho.
