“Habría sido interesante conocer el abordaje del Minsal para avanzar más rápido en los tiempos de espera y los incumplimientos en patologías GES”

  • Francisco Álvarez, vicepresidente de nuestro gremio, se refirió a interpelación en contra de la ministra de Salud Ximena Aguilera.

Durante el pasado miércoles 22 se llevó a cabo la interpelación a la ministra de Salud, Ximena Aguilera, impulsada por la bancada de la Unión Demócrata Independiente ante la demora de las listas de espera y temas de probidad en distintos hospitales del país. Durante la jornada, la ministra de Salud defendió su gestión ante la Cámara, destacando los “avances para enfrentar los problemas de salud que afectan a la población chilena y particularmente al sistema público de salud y que se agravaron con la pandemia», según expresó, agregando que «al entrar a este Gobierno nos encontramos con un sistema de salud golpeado por la emergencia, con funcionarios agotados, con deudas de arrastre y sistemas de información desactualizados”.

La ministra calificó como «significativos” los avances en listas de espera, las que según la autoridad se han reducido en un 56% para las cirugías y en un 27% para las consultas nuevas de especialidad. “Hemos ahorrado más de un año de tiempo para realizarse una nueva cirugía y hemos ahorrado nueve meses el tiempo para realizar una consulta nueva de especialidad”, indicó. En cuanto a la probidad, la secretaria de Estado afirmó que «tenemos un sistema implementado de auditorías ministeriales que son preventivas y no sólo frente a denuncias, como ha hecho la Contraloría, con más de 200 auditorías que hemos realizado en el año. Nosotros tenemos mecanismos preventivos continuos, además de perseguir las responsabilidades cuando se encuentran irregularidades y, por supuesto, que estamos encima como supervigilancia de los establecimientos en ese rol que tenemos como Ministerio de Salud, que recordemos, la Atención de Salud está a cargo de los 29 servicios de salud que tienen directivos designados por alta dirección pública», agregó. Al ser consultada sobre cómo evalúa su gestión, Aguilera sostuvo que «como médico epidemiólogo que he dedicado mi vida al tema de los datos de la salud poblacional, le puedo decir que los resultados hablan por sí mismos, no es necesario hacer un juicio subjetivo de algo que es tan evidente en relación al aumento de la producción y la reducción de los tiempos de espera».

Al respecto Francisco Álvarez Rojas, vicepresidente de nuestro gremio, señaló que “como CONFEDEPRUS echamos de menos varios temas en la interpelación a la ministra, como un abordaje a aspectos como la infraestructura, al recurso humano para solucionar los retrasos no tan solo de las listas de espera en las patologías no GES, sino además de los estados de incumplimientos de las patologías GES. Mas bien, el discurso fue centrado en aspectos de gestión (como es solucionar los problemas de registros), que, si bien han mostrado avances, nos parece del todo insuficientes. Habría sido interesante conocer cuál será el abordaje del Minsal, para avanzar con un ritmo más rápido los tiempos de espera y los incumplimientos en patologías GES, en aspectos como una mejor gestión de los pabellones del sector público, inyección de recurso humano y todos aquellos aspectos que como gremio hemos denunciado que son las variables que afectan el buen desarrollo de la atención de nuestros usuarios. Otro punto relevante es que el ministerio aborde la crisis de las y los trabajadores, donde los índices de ausentismo están en sus niveles más altos, todo producto de un Síndrome de Bunout que aqueja a un gran número de funcionarios y este dado por las precarias condiciones laborales del sector.”

“Por otro lado, nos gustaría que la preocupación de la clase política no sólo sea interpelar a la ministra por un tema de estrategia o cálculo político, sino por una real preocupación por la Salud Pública de Chile y que esa preocupación se vea reflejada en la discusión de un política real que asegure este derecho social y humano tan importante como es la Salud, reflejándose esta preocupación en la discusión presupuestaria y en entregar los recursos para fortalecer la salud publica en vez de estar comprando los servicios al área privada”, finalizó Francisco Álvarez, vicepresidente de CONFEDEPRUS.

EDITORIAL: Recorte presupuestario a la Salud y crisis hospitalaria

En noviembre pasado, y en el marco de la discusión presupuestaria 2025, el Congreso y la Dipres suscribieron un acuerdo en el que se estableció realizar una rebaja del gasto público durante los primeros días de enero por un total de 544 mil millones de pesos, con el objetivo de ordenar las finanzas públicas, a excepción de los hospitales dependientes de los Servicios de Salud, dado su rol estratégico. Sin embargo, hace unos días se informó de la rebaja presupuestaria establecida por Hacienda para diversas carteras, incluyendo la de Salud a pesar del acuerdo existente, cifrándose el monto en casi 16 mil millones de pesos. Ante esto, la Comisión de Salud del Senado acordó oficiar al Ministerio de Hacienda para conocer las razones de esta decisión, haciéndose presente también la necesidad de hacer una sesión especial donde se aborde dicho recorte, el que algunos parlamentarios han calificado como “un engaño”. Esta reducción presupuestaria para Salud, que alcanza casi los 16 mil millones de pesos, afectará principalmente a Fonasa (poco más de tres mil millones), además del Instituto de Salud Pública (ISP), la Subsecretaría de Salud Pública, la Subsecretaría de Redes Asistenciales y la Superintendencia de Salud.

Lo cierto es que esta actitud del gobierno no es nueva, se suma a los varios incumplimientos anteriores en materia de Salud Pública y cambios de prioridades que dan cuenta de que la salud y la vida del 85 % de la población parecen no ser temas relevantes para las autoridades, especialmente considerando la crisis hospitalaria que vive nuestro país y que como CONFEDEPRUS hemos vivenciado y denunciado también en diversas ocasiones, toda vez que cualquier tipo de recorte genera un grave problema en algunos Servicios de Salud al no poder contar con los fondos necesarios para funcionar. Crisis que se hizo más patente durante el tercer semestre del año recién pasado, evidenciando las dificultades que hace tiempo enfrentan los recintos hospitalarios del país causadas por un déficit financiero crónico, como las situaciones de los hospitales Carlos Van Buren de Valparaíso o San Borja Arriarán, por nombrar sólo dos, debiendo cerrarse pabellones para priorizar cirugías de urgencia, suspendiéndose al día entre 20 y 30 intervenciones y sin recursos para comprar quimioterapias para pacientes, así como también filtraciones de aguas servidas y atención de pacientes en contenedores provisionales, entre otras situaciones. Esto, sin contar las millonarias deudas de arrastre, hechos que como gremio de la Salud Pública denunciamos junto con varios más.

El ministro Marcel ha expresado su preocupación por las cifras de ausentismo laboral en el Sector Público, en donde Salud presenta altos índices de licencias médicas. Según cifras de la Dipres, el ausentismo laboral en el sector público se ha incrementado luego de la pandemia, alcanzando actualmente un promedio de un mes al año por licencias médicas. En efecto, y de acuerdo con la información, en 2018 cada funcionario/a faltó en promedio 25,85 días por licencias médicas y otros permisos, mientras que en el 2022 la cifra aumentó a 35,37 días, siendo el Ministerio de Salud la cartera con más ausencias (42,92 días en promedio al 2022, 12 más que en 2018), seguida por el Ministerio de Educación con 39,01 días en 2022. Cifras que dan cuenta y evidencian la precarización de las condiciones laborales en las que deben desempeñarse los trabajadores y las trabajadoras, particularmente en Salud funcionaria, debido a la sobrecarga laboral a la que se vieron expuestos, el impacto en su salud física y mental. Cifras que son una alerta respecto al estado de vulneración de derechos fundamentales, como son la integridad física y psíquica de los trabajadores y las trabajadoras, que son quienes sostiene el sistema, la atención y la vida de la población y que con este recorte se ve seriamente amenazada.

EDITORIAL: Sobre la reforma de pensiones

La política institucional ha aprovechado la premura de los tiempos involucrados en el cierre del año 2024, para desarrollar y tomar decisiones sobre temas trascendentales que afectan directamente a la ciudadanía en Chile. Lamentable camino tomado principalmente por dos poderes del Estado como son el Ejecutivo y el Legislativo, ya que oportunistamente mientras el Pueblo en general está preocupado de otros temas, se avanza en cuestiones fundamentales sin reflexión profunda, sin despliegue de información en forma democrática. Uno de estos temas es lo que se ha denominado como una reforma al sistema de pensiones.

Un escenario bastante difícil de enfrentar ya que la situación de las pensiones es altamente dramática con una multiplicidad de miradas y soluciones, cuestiones que se han revisado por Ejecutivos anteriores con fracasos significativos y ahora es el turno del gobierno del presidente Boric.

Las visiones acerca de reformar el sistema de pensiones han estado en permanente discusión. Ante la existencia de posiciones liberales, aparentemente contrapuestas, finalmente se observa que se busca la mantención del sistema actual perfeccionándolo mediante la mayor participación del Estado en forma subsidiaria.

Pese al compromiso inicial del gobierno actual sobre cambiar totalmente el sistema de previsión de Chile hoy nos encontramos en el escenario oficial que tiene el fin de mantener el modelo de mercantilización de los Derechos sociales, por cuanto mantener la privatización del sistema de pensiones con fines de lucro.

Lamentablemente estas definiciones también están en manos de un Congreso con bajos niveles de aprobación por parte de la ciudadanía y que, en la actualidad, en general, no representan al Pueblo sino que representan a intereses netamente económicos.

Al respecto, cada discurso de políticos de distinta tendencia, con el fin de alcanzar acuerdo sobre este tema, debe ser revisado en su mérito ya que se observa en general que no se busca transitar hacia recuperar el Derecho Fundamental de la Seguridad Social en materia de pensiones, sino más bien a resguardar los intereses de los dueños del poder económico en Chile, yendo en dirección contraria a lo declamado por el Pueblo Chileno.

En este desarrollo está claramente establecido que la situación se ha llevado al punto crítico de la defensa de una ideología basada en el neoliberalismo y el resguardo del mercado de capitales, alejándose de los principios universales de la Seguridad Social.

Se insiste en que el mejoramiento pasa por fortalecer el negocio de las pensiones: ratificando y aumentando el desarrollo de la capitalización individual, generando algunos argumentos para su efecto final, entre otros, aumentar la edad de jubilación.

Es por ello que en la actualidad el Ministerio de Hacienda tiene mucho más que decir sobre el particular, más que el mismo Ministerio del Trabajo, ya que las decisiones afectan directamente sobre la economía del país.

El Pueblo chileno debe estar alerta, cumpliendo permanentemente con su rol fiscalizador sobre el quehacer y postura del gobierno y de los parlamentarios de distintos distritos, con el fin de conocer su intención de voto y su postura sobre lo que el Pueblo chileno exige.

La situación actual de la negociación política al respecto ha implicado cambios significativos en la propuesta original del gobierno, dejando muy satisfechos a los que ostentan el poder económico y alejándonos cada vez de un modelo basado en la Seguridad Social.

En la lógica de fortalecer el mercado de capitales, el gobierno terminó aceptando las combinaciones alambicadas propuestas por la derecha política y el poder económico, lo que de avanzar sería en realidad una verdadera derrota para las y los trabajadores.

Es necesario hacer un llamado al gobierno para que retire el proyecto y defienda su postura original, más, requiera de un cambio en cuanto a la entrega de la PGU llevándola a la condición de universalidad y que sea entregada a las mujeres desde su edad de retiro laboral.

También debe aclarar de frente a la ciudadanía sobre la situación de la propuesta de aumentar la cotización con cargo a los trabajadores de un 0,5% para ser aportados a un fondo solidario ya que, si no se cumple con la idea original de un 6% de cargo del empleador al mismo fondo, el aporte adicional de los trabajadores no se justificaría. Si no es así se interpretaría como mayores ganancias para las AFP’s.

Si el 6% con cargo al empleador se asigna a capitalización individual, no será ningún aporte a la mejora de las pensiones por parte de las AFP’s, ya que han demostrado en 43 años de ejercicio impuesto obligatoriamente, su fracaso en el logro de rentabilidad en el modelo. Un mayor aporte a las AFP’s no significará mejores pensiones, es cosa de observar la caída de las rentabilidades de los fondos y a sus negativas proyecciones. Por cuanto nuevamente será el Estado subsidiario el llamado a resolver la situación, Estado que ya no contará con el componente social que se proyectaba originalmente en la reforma. Mantener el modelo de cuentas individuales, es mantener la crisis social y financiera que asumirá el Estado, y específicamente nosotros.

Claramente es imperante una reforma de pensiones, avanzando hacia la recuperación del Derecho fundamental de la Seguridad Social, pero en dicha urgencia no podemos aceptar cualquier reforma. La urgencia de resolver la situación precaria de miles de chilenos y chilenas pensionados nos pone en jaque permanentemente. Y hoy es el caso, pero ello debe implicar medidas que cambien el modelo fracasado de las AFP’s por un modelo fundado en los principios de la Seguridad Social, si eso no se da debemos seguir luchando por cambiarlo de raíz, de lo contrario perpetuaremos un modelo basado solo en la ideología de la oposición a la regulación del mercado y a la mínima participación del Estado en la economía del país.

En el mediano plazo exigimos al gobierno avanzar en un proceso para una reforma mayor y estructural que nos permita lograr un sistema previsional para “jubilaciones”, prosperar hacia un sistema solidario con responsabilidad del Estado, y que determine la reinstauración de la Seguridad Social como un Derecho.

EDITORIAL: AFPs y trabajadores/as, una relación no consensuada y abusiva

En noviembre de 2022, el gobierno del presidente Gabriel Boric presentó al país y al Congreso una propuesta de Reforma Previsional cuyo principal objetivo era hacer frente a las demandas sociales por mejorar las pensiones de los actuales y futuros jubilados, especialmente para reducir las brechas de género y asegurar condiciones más dignas para las mujeres. Esto, a pesar de la presión permanente de gran parte de la ciudadanía para acabar definitivamente con el sistema de AFPs, la que sin embargo ha sido desoída de manera permanente por distintas autoridades políticas que insisten en mantener el actual orden de cosas sobre el cual se sostiene toda esta estructura financiera que se ha levantado y construido en base al abuso y la expropiación de los ahorros de los trabajadores y las trabajadoras de Chile. Un proyecto que busca aumentar los montos de las pensiones, pero que ha tenido en la distribución del 6% de cotización adicional el principal obstáculo para alcanzar un acuerdo, debiendo ser despachado a Sala antes de que finalice el año 2024 con la expectativa de concluir el segundo trámite constitucional a más tardar en enero de 2025.

Dentro de lo que ha sido este largo proceso, el pasado domingo el presidente de RN y miembro de la comisión del Senado donde se negocia la reforma de pensiones, Rodrigo Galilea, señaló en el programa Mesa Central de canal 13 que se llegó a un acuerdo para que ese 6% vaya íntegro a capitalización, proponiendo fórmulas que resguardan muy bien el negocio de las AFP y traspasa a los usuarios, las usuarias y al Estado el costo de esta “reforma”, frente a esto los partidos del oficialismo han guardado silencio ante esta trampa instalada por el senador Galilea, en la que el 6 % irá íntegro a las cuentas individuales manejadas por las AFP, lo cual más allá de servir para mejorar las pensiones de millones de chilenos y chilenas, sólo fortalece, consolida y mantiene el sistema, tanto financiero como político, ya que ese 6% servirá para aumentar las pensiones a quienes se pensionen en 50 años más y, aun así, ese aumento será marginal ya que ni siquiera llegará a una tasa de reemplazo del 40%. Igualmente, la fórmula propuesta por el ministro de Hacienda, Mario Marcel, respecto de mejorar la PGU y corregir las brechas de género, se haría a través de un préstamo de los propios ahorros que administran las AFP, potenciando el mercado de capitales y fortaleciendo las AFP a través de seguir entregando migajas a los pensionados y pensionadas.

Lo cierto es que, más allá de las definiciones técnicas, acá de lo que se trata, el problema de fondo, es de terminar con un sistema que no esta diseñado para entregar seguridad social, sino más bien recursos frescos para el mercado financiero.  El clamor de la ciudadanía consciente de la realidad  que ve las pensiones miserables que reciben nuestras y nuestros adultos mayores ya se expresaron en el año 2016 donde unas 750 mil personas marcharon  en todo Chile, cerca de 2 millones lo hicieron en 2017 y unas 3 millones de personas en 2019, aburridas de los abusos de un sistema cuyas groseras utilidades suben año tras año usando nuestros propios ahorros y a cambio éstos mismos ahorros suben apenas un 2,4% en promedio en nuestras cuentas individuales. Sin embargo, la masiva demanda social por terminar con el modelo de capitalización individual de las AFP, impuesto en dictadura y reemplazarlo por un verdadero sistema de Seguridad Social de reparto y solidario, ha sido junto con otras demandas, como la Salud, sistemáticamente desatendida a pesar de ser una de las más potentes y permanentes demandas de la ciudadanía.

Por ello, como CONFEDEPRUS creemos que las trabajadoras y los trabajadores debemos ser protagonistas de este debate para definir a través de una consulta en la que podamos decidir los destinos de nuestros fondos, toda vez que esta relación con las AFP no ha sido consensuada sino abusiva, con perjuicio directo en contra de millones de chilenos y chilenas que hemos dicho numerosas veces “No más AFP”, sin entender que «no» es no.

EDITORIAL: La Salud como derecho humano fundamental

El pasado 10 de diciembre se conmemoró el Día Internacional de los Derechos Humanos, fecha instaurada en 1948 para establecer por primera vez la protección y defensa en todo el mundo de los derechos humanos fundamentales que toda persona tiene, independientemente de su raza, color, religión, sexo, idioma, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición, lo cual como CONFEDEPRUS hemos defendido siempre, siendo parte de nuestras luchas permanentes e irrenunciables ya que inciden directamente en el estado de salud de la perosna. En esta línea, el derecho a la Salud ha sido y es uno de los objetivos centrales de nuestras luchas como gremio, junto con los derechos laborales de los trabajadores y las trabajadoras que sostienen el sistema y la vida de la población, muchas veces exponiendo la salud y vida propias.
En este día, la ONU ha hecho el llamado a hacerse cargo del financiamiento de la Salud como una tarea prioritaria para que los pueblos puedan disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental, debiendo la Constitución ajustarse a sus obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos en toda su amplitud, ante lo cual los estados están obligados a hacerse cargo. De hecho, el artículo 25 de la Declaración Universal de DD.HH. establece que toda persona tiene derecho a la salud y al bienestar, incluyendo la asistencia médica, así como la OMS declara que la Salud es un derecho humano fundamental y se compromete a garantizar el más alto nivel de salud para todos.
Sabido es que las condiciones socioeconómicas y el acceso limitado a servicios básicos exponen a las personas a un mayor riesgo de enfermedad, dificultándose también el acceso a la atención médica por barreras financieras y geográficas. Por ello, expertos internacionales recomiendan transformar los sistemas de salud basándolos en la Atención Primaria de Salud (APS), un modelo centrado en las personas, las comunidades y enfocado en la salud, no en la enfermedad, abordando los determinantes sociales y ambientales que condicionan la salud, el bienestar y la equidad en salud de las personas y las comunidades mediante una acción intersectorial, junto con aumentar la inversión en salud hasta al menos el 6% del PIB e invertir el 30% de estos recursos en el primer nivel de atención, de modo de poder garantizar un acceso equitativo a los servicios. La salud y el bienestar son aspectos centrales de una vida plena y no deben considerarse un privilegio, sino la base sobre la que la sociedad crece y se desarrolla.
Por ello, cuidar al que cuida resulta fundamental para poder garantizarle a la población el derecho a una Salud digna, oportuna y de calidad, a través de condiciones de trabajo decente para quienes se desempeñan en el sistema público, quienes durante décadas han debido lidiar con todas las precariedades existentes en la Red Asistencial. Necesidades y demandas objetivas que no han sido respondidas de manera satisfactoria por sucesivos gobiernos y por las cuales nos hemos movilizado junto con otros gremios y la CUT, exigiéndole al Ejecutivo que cumpla con sus compromisos. No hacerlo es fallarle no sólo a los trabajadores y trabajadoras, sino también a millones de chilenos y chilenas que creyeron en las promesas de campaña del actual gobierno y que siguen esperando que su salud sea, finalmente, un derecho.

Margarita Araya: “Pudimos alcanzar condiciones laborales por las cuales veníamos luchando desde hace tiempo”

  • Presidenta de CONFEDEPRUS se refirió a aprobación de proyecto de Ley de Reajuste del Sector Público en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados.


Durante la tarde de hoy la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general y particular el proyecto de Ley de Reajuste del Sector Público, el que fue despachado a la Sala. En líneas gruesas, el proyecto incluye un reajuste general gradual de 4,9%: 3,0% en diciembre de 2024, 1,2% en enero 2025 y 0,64% en junio del mismo año; un reajuste de bonos de 4,2%; y un reajuste de 2% más para remuneraciones mínimas y bonos para rentas bajas -por encima del reajuste general-, quedando en 6,2% en enero y 6,9% en junio de 2025. Asimismo, se dispondrá la vigencia permanente de los bonos de navidad, fiestas patrias, escolaridad y vacaciones, asegurando su entrega anual oportuna evitando retrasos en los plazos de pago. Del mismo modo, se extenderá de forma indefinida la vigencia de las leyes de incentivo al retiro correspondientes a las organizaciones gremiales firmantes, estableciendo los cupos y reglas de aplicación durante la transición, así como las reglas de adjudicación para cupos no utilizados,

Al respecto la presidenta de CONFEDEPRUS, Margarita Araya, señaló que “si bien creemos que podríamos haber conseguido más en materia de reajuste, también celebramos el haber instalado un hito histórico de que la MSP inicie sus negociaciones con un reajuste basal del IPC y así avanzar hacia reajustes reales en el futuro. Así también, no podemos dejar de celebrar todas las otras condiciones laborales que pudimos alcanzar y por las cuales veníamos luchando desde hace tiempo, como incentivo al retiro permanente, 40 horas para el Sector Público y poder poner durante el primer semestre de este año el proyecto de ley de modificación del DFL 31 para nuestros y nuestras compañeros y compañeras de Cenabast, los cuales sin duda son elementos entre otros que tenemos que celebrar como organización”.

“Esperamos que prontamente pueda ser votada y así terminar el trámite legislativo para que sea finalmente una realidad para muchos y muchas trabajadores y trabajadoras de la Salud y de todo el Sector Público, por lo que llamamos a los parlamentarios y parlamentarias a poner el máximo esfuerzo en el Senado para sesionar incluso si es necesario de forma extraordinaria, de manera de dar pronta resolución al trámite que requiere este proyecto de ley. También nos llevamos el compromiso de hacer el seguimiento de aquellas materias que no lograron quedar instaladas, pero que se han comprometido de dar cuenta en la Comisión de Hacienda en la primera semana de enero, en donde por supuesto como CONFEDEPRUS estaremos atentos y atentas para avanzar en las garantías de nuestros compañeros y nuestras compañeras a honorarios del hospital Padre Hurtado, garantía de derechos maternales, entre otras materias pendientes”, agregó.

Cabe consignar por último que el proyecto, que fue despachado a Sala, será visto en el senado a más tardar la próxima semana, donde se espera su pronta aprobación.

EDITORIAL: Una ley para salvar la Salud Pública

La aplicación de la ley corta de ISAPRES impulsada por el gobierno -y que fue despachada desde el Congreso en mayo para dar cumplimiento al fallo de la Corte Suprema que obligó a las aseguradoras a devolver 1.200 millones de dólares cobrados en exceso a sus 700.000 clientes- ha generado una serie de críticas debido a los montos y plazos de los pagos, con un tope de 13 años en cuotas mensuales para los afiliados y afiliadas menores de 60 años de edad, 2 años para los mayores de 80 años y 5 para los mayores de 60. Es decir, los más de mil millones de dólares que las aseguradoras deben retornar se repartirán de manera diferenciada de acuerdo a lo cobrado en exceso a cada usuario o usuaria, algunos/as de los/as cuales recibirán su devolución en 156 cuotas, con montos mensuales que alcanzarán los 600 pesos.

Esta normativa legal, que rescató al sistema para evitar la quiebra frente al cumplimiento de un fallo de la Corte Suprema, ha derivado en enfrentamientos entre el gobierno y el Congreso por las responsabilidades en la aplicación de la iniciativa, esto tras la molestia de los/las clientes/as de la salud privada chilena por las facilidades de pago que ofrece esta ley corta, de las cuales el gobierno culpa a la oposición, con la cual sin embargo el propio Ejecutivo buscó un acuerdo en la etapa final de esta ley. Todo esto, en el marco de la necesidad de una reforma al sistema de Salud y el reforzamiento del Fondo Nacional de Salud (Fonasa), en medio de la frágil realidad del sistema sanitario, que durante los últimos años ha estado azotado por las deudas hospitalarios y las listas de espera.

Lo anterior es sólo una muestra más de la profunda crisis por la que viene atravesando desde hace tiempo el modelo neoliberal de libre mercado respecto de su regulación y de los abusos cometidos debido a su ineficiencia y, en muchos casos, inexistencia. La seguridad social en manos privadas, tanto en materia de pensiones como de Salud, ha dejado mucho que desear y así ha quedado en evidencia también con las AFP, que han hecho de los derechos sociales fundamentales de los chilenos y las chilenas un millonario negocio en beneficio privado y perjuicio público. Los mismos que han señalado que el Estado es incapaz de manejar recursos de manera eficiente y que todo debe ser dejado en manos del mercado, nos demuestran cómo funcionan las cosas cuando la orientación no es el rol social, sino el afán de lucro y que, tal como ahora, no tienen pudor en buscar que ese Estado “incapaz” les dé un salvataje.

Por ello, como CONFEDEPRUS hemos sostenido que, así como se diseñó y despachó con urgencia una ley para salvar el negocio de las ISAPRES y la salud privada en donde se atiende el 15 % de los chilenos y las chilenas, así también exista una iniciativa legal para salvar la salud pública que resguarda la salud y la vida del 85 % de la población, tema que nunca debe dejar de ser una prioridad para cualquier gobierno, pues además se trata de una de las demandas más urgentes de la ciudadanía por una Salud como derecho fundamental, la que sólo es posible garantizar a través del fortalecimiento del sistema público, el cual se sustenta a su vez en sus trabajadores y trabajadoras y, por ende, en el resguardo de sus derechos laborales.

EDITORIAL: Avanzar en acuerdos políticos a costa de retrocesos laborales

Este miércoles 27 y tras aprobar el informe de la Comisión Mixta, el Senado aprobó y despachó el proyecto de ley de Presupuesto 2025, cuyo plazo límite era hoy viernes y que contempló la reposición de recursos rebajados o rechazados anteriormente, como los del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y del programa de acompañamiento para niños y niñas trans del Ministerio de Salud, además de establecer que en la ley de reajuste del sector público sea obligatoria la capacitación en violencia de género. Por otro lado, el gobierno destacó los acuerdos en materia de seguridad, educación y salud, asegurando que uno de los aspectos centrales de este presupuesto ha sido la priorización de los recursos y los esfuerzos para mejorar la calidad del gasto y de las políticas públicas. Sin embargo, para poder destrabar la discusión con los legisladores de una oposición que se ha caracterizado por poner verdaderas barricadas ideológicas a las reformas que permitan avances sociales, el gobierno debió hacer un recorte fiscal de US$ 600 millones, con lo cual el gasto público crecerá 2% en lugar del 2,7% que contemplaba la propuesta de recorte inicial de US$ 500 millones con que ingresó a su discusión.

Es decir, para poder avanzar y zanjar esta discusión las autoridades decidieron “recortar el recorte”, con todo lo que ello implica en términos de profundizar la precarización de derechos fundamentales tanto laborales de los trabajadores y las trabajadoras como de la población respecto de su atención. Un recorte que viene a complejizar aún más la situación de la Salud y la crisis hospitalaria, en donde se cuentan ya más de 17 mil personas fallecidas en listas de espera por falta de atención oportuna. Y como si lo anterior fuera poco, Hacienda comprometió otros recortes de gasto por US$ 1.000 para poder cumplir con las metas fiscales, señalando que este presupuesto apunta a las necesidades que la economía del país requiere, contribuyendo al crecimiento y a la inversión. Según lo informado, estos “recortes sobre recortes” corresponderán básicamente a la reducción en la contratación de funcionarios/as públicos/as, lo cual va en la línea de sectores de derecha que buscan debilitar cada vez más al Estado en beneficio del sector privado, manteniendo su rol subsidiario en vez de garante de derechos, yendo en contra además de las demandas que los trabajadores y las trabajadoras del Estado han presentado en su pliego de negociación en el marco del proceso de negociación por el reajuste del sector público, como son estabilidad laboral, remuneraciones y cumplimiento de compromisos.

Por ello y en el marco de las negociaciones entre la Mesa del Sector Público y el gobierno por el reajuste salarial de los trabajadores y las trabajadoras del Estado, dentro de un escenario adverso en términos de restricciones que vulneran derechos laborales fundamentales, tanto por parte de un gobierno que ha incumplido sus compromisos y promesas con el mundo del trabajo como por parte de una derecha que ha obstaculizado todo tipo de avances en materias sociales, con impacto y perjuicio directo para la clase trabajadora, como gremio de la Salud Pública de Chile estimamos que el gobierno del presidente Gabriel Boric no tuvo presente la necesidad social que poder contar con un sistema de Salud Pública que entregue garantías de atención a la población, partiendo por entregar condiciones de trabajo decente a quienes sustentan el sistema, la salud y la vida de la población, desaprovechando la última oportunidad de poder dar respuesta a las necesidades y demandas no solo de los trabajadores y trabajadoras, sino del 85 % de la población que se atiende en el sistema público de Salud y ante lo cual como gremio y junto a los otras organizaciones de la MSP realizamos ayer una jornada de movilización y paro, como parte de nuestras incansables esfuerzos que no cesarán hasta lograr que las calles sean no solamente testigos de nuestras luchas, sino también de nuestras victorias.

CONFEDEPRUS participa en masiva marcha junto a gremios de la MSP por demandas laborales

  • “Este paro y esta macha es solamente un anticipo de lo que somos capaces de hacer para avanzar en nuestros derechos”, señaló Margarita Araya, presidenta de nuestro gremio.

Durante la mañana de ayer jueves 28 de noviembre, CONFEDEPRUS junto con los gremios agrupados en la MSP de la CUT se convocaron para marchar por las demandas del pliego presentado al gobierno y en el cual se pide defensa de la estabilidad laboral, cumplimiento de compromisos de la agenda laboral y reajuste real de remuneraciones. Además, las organizaciones y la CUT Chile señalaron la importancia de salir al paso y enfrentar la denostación y las críticas sin fundamento hacia la función pública, devaluando el rol esencial que desempeñan en el funcionamiento del Estado. La convocatoria, que congregó a cerca de 30 mil personas en Santiago y unas 30 mil en regiones (como Ñuble, en donde más de mil personas de nuestra federación se movilizaron), comenzó su marcha en Santa Rosa con Alameda, para luego marchar hasta Los Héroes, en donde se instaló un escenario desde el cual los organizadores y presidentes de algunos gremios se dirigieron a los participantes.

En la ocasión el presidente de la CUT, David Acuña, señalo que “estamos movilizados por mayor estabilidad laboral, por tener un reajuste decente, salarios dignos. Los trabajadores de Estado solamente han ido retrocediendo en los últimos reajustes del sector público. También queremos que se cumplan los compromisos que el Estado ha ido asumiendo, pero por sobre todo, por la estabilidad laboral. Lamentablemente, con la ratificación (en el cargo) de la contralora Dorothy Pérez, lo único que se ha hecho en este Gobierno es poner en peligro al Estado, poner en peligro la función pública, poner en peligro la estabilidad laboral de miles de trabajadores y trabajadoras. Nos llama la atención que una ministra (Jara) que fue dirigenta sindical no entienda la movilización, nosotros hoy estamos haciendo algo que es constitucionalmente legal: poder movilizarnos. No tenemos que pedirle entendimiento ni permiso a los ministros para salir a la calle. Lamentablemente hay parlamentarios de derecha sobre todo que denostan la función pública, que hablan mal de los trabajadores públicos y que incluso han tenido la soberbia de decir que no van a aprobar un reajuste para los trabajadores del mundo público”.

Por su parte la presidenta de nuestro gremio, Margarita Ayala, expresó que Margarita “saludar a la clase trabajadora, especialmente a los trabajadores y las trabajadoras de la Salud Pública de Chile, de los hospitales de la Región Metropolitana. Hoy le venimos a decir al gobierno que lo único que tiene que entender es que los trabajadores públicos nos cansamos de migajas y que hoy nos unimos en la calle para ir por mucho más, esta movilización, este paro y esta macha es solamente un anticipo de lo que somos capaces de hacer para avanzar en nuestros derechos. A no soltar las calles, porque las calles no sólo tienen que ser testigo de nuestras luchas, sino también de nuestras victorias”.

Por último, señalar que el proceso de negociación sigue hoy viernes.

Manifiesto Político II Asamblea Nacional Ordinaria

Refrendamos nuestro compromiso de ser parte activa en la CUT y de fortalecer el trabajo, dando inicio a
diálogos en nuestras bases para definir nuestro protagonismo en el próximo proceso eleccionario. Asi
mismo, fortaleceremos la información a nuestras bases haciendo entrega de un informe escrito de la
gestión realizada por nuestros consejeros electos durante el 2024.

Avanzar en el desarrollo de espacios de diálogo territorial y a nivel nacional con nuestros socios y socias en torno a la negociación ramal, sus alcances e impacto para nuestro sector con el objetivo para tomar una posición como organización en el corto plazo.

Como organización creemos que es momento de retomar el debate de pertenecer a espacios de
articulación sindical de carácter internacional , considerando el aporte que puede ser para nuestra
organización. Para esto realizaremos una presentación de distintas organizaciones internacionales en
próxima asamblea nacional y darnos el plazo para reflexionar y perfeccionar con nuestras bases para que
sea un punto de definición en nuestro próximo congreso nacional.

Refrendamos la prioridad de avanzar en nuestra Carrera Funcionaria, teniendo en perspectiva un criterio social económico y la visión territorial por servicios de salud, estableciendo un cronograma ajustado para tener nuestra propuesta en enero del 2025. Para esto, haremos revisión en cada territorio de la propuesta presentada y será materia de definición en una próxima asamblea extraordinaria. Sin duda será relevante sostener y reforzar las alianzas como una estrategia táctica para avanzar en esta demanda sin que ello retrase nuestro cronograma.

Es relevante continuar insistiendo en que en el contexto de la Ley de Reajuste se firme un protocolo de acuerdo para que se presente un proyecto de ley durante el 2025. Con el objetivo de fortalecer la información a nuestras bases desarrollaremos un comunicado interno contundente que ponga en antecedente de los avances y desafíos a nuestros socios y socias. Hoy se releva la importancia de recuperar la participación a nivel central en cuanto al Bono Trato Usuario y Metas Sanitarias, exigiendo al Ministerio de Salud desarrollar las mejoras en cuanto a implementación y retroalimentación para establecer procesos de mejora en los establecimientos.

Estamos entrando en un nuevo proceso de negociación del sector público, donde ratificamos la prioridad
de avanzar en las 40 horas para el sector publico y en la extensión del Incentivo al retiro. Vemos con
preocupación el proceso legislativo que se desarrollará para reconocer en norma la Confianza Legitima y
nos mantenemos activos y en alerta para el resguardo de la estabilidad laboral y sostener la importancia de consolidar la Carrera Funcionaria. Sostenemos el reconocimiento de este espacio de dialogo sin dejar de lado la movilización como una herramienta central para presionar en la justa demanda de nuestros
derechos laborales.

¡¡¡VAMOS POR MÁS!!!

COMUNICADO INTERNO

Santiago, 27 de noviembre 2024

Ante el avance de las negociaciones sostenidas entre nuestro gremio con el Ministerio de Salud por Carrera Funcionaria, como CONFEDEPRUS compartimos lo siguiente:

Hemos estado llevando a cabo un trabajo con Fundación SOL, con quienes se están evaluando los
costos que implicaría nuestra propuesta de Carrera Funcionaria. Esta tiene un aumento de la escala
única de sueldos en todos los grados de la planta profesional y que nuestra propuesta va
estableciendo niveles desde el grado 15 -e incluso 14- al 5.

Los aspectos técnicos vistos con la Fundación SOL tienen que ver con los costos de nuestra
propuesta al eliminar 1, 2 y 3 grados y cuáles serán los movimientos generados en este modelo de
contratas y titulares en un sólo movimiento, quiénes y cuántos van a subir, atendiendo que la
prioridad la tienen aquellas personas que tienen antigüedad.

Respecto de los avances que hemos tenido con el poder Ejecutivo podemos señalar que se ha
avanzado en un documento de factibilidad financiera comprometido con el Senado para poder
establecer los costos de la eliminación de grados.

Este informe del Minsal está acompañado de la propuesta emanada de los 4 gremios que también
tenía contemplado los principios acordados, como la eliminación de 3 grados con redistribución y
además la propuesta de nueva Carrera Funcionaria. Finalmente, podemos informar que se está avanzando con los 4 gremios en el tema de poder concretar para 2025 este proyecto de ley que permita el encasillamiento y el nuevo modelo. Además estamos trabajando con una comisión interna donde se están evaluando y analizando varios modelos de carrera para elaborar una propuesta que será entregado a Fundación Sol, de manera que se puedan tomar algunos insumos para la propuesta final.

 

DIRECTORIO NACIONAL

DECLARACIÓN PÚBLICA

Santiago, 25 de noviembre 2024

Hoy lunes 25 de noviembre conmemoramos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, fecha instaurada en recuerdo del asesinato de las hermanas Mirabal, Patricia, Minerva y María Teresa, ocurrido en la República Dominicana el año 1960 durante la dictadura de Trujillo y cuyo objetivo es denunciar y erradicar la violencia que se ejerce sobre las mujeres en todo el mundo de manera estructural, exigiendo la elaboración de políticas en todos los países para su eliminación completa y definitiva.

Como CONFEDEPRUS valoramos aquellas iniciativas legales que van en la dirección de superar esta problemática, como es la ratificación del Convenio 190 de la OIT, la Ley Karin y que han venido a fortalecer el marco normativo para prevenir y erradicar la violencia en los espacios de trabajo, las que siendo iniciativas positivas en dirección a la protección y garantía de derechos de las mujeres, deben contar con una implementación que logre concretar sus objetivos y propósitos. Es menester seguir en esta tarea, ya que situaciones como la del ex subsecretario Monsalve, Macaya u otros candidatos electos pese a tener denuncias por violencia de género demuestra que queda por avanzar y se necesita el compromiso de todos los actores sociales para que este tipo de vulneración de derechos sea abordado con la premura que se requiere para prevenir.

En esta línea, desde la Secretaría de Mujer y Diversidad de CONFEDEPRUS exigimos hoy 25 de noviembre el término de todo tipo de violencia en todos los espacios contra la mujer, sea esta física, sicológica, económica, simbólica, política y sexual, al mismo tiempo que rechazamos la utilización del cuerpo de las mujeres como una herramienta de violencia político sexual o elemento de dominación. En una sociedad donde 1 de cada 3 mujeres son víctimas de violencia en sus distintos tipos, con inequidad salarial, menos participación en el campo laboral y más tiempo en labores domésticas no remuneradas, es esencial seguir fortaleciendo los espacios de acompañamiento temprano para víctimas de violencia, cumplir tiempos establecidos para denuncias, garantizar reparaciones de vulneración de derechos y avanzar en corresponsabilidad. Exigimos también a las autoridades de gobierno que, junto con cumplir sus compromisos y acuerdos con nuestro sector, compuesto en un 75 % por mujeres, sea riguroso en la selección de autoridades, pues no es aceptable la presencia de agresores sexuales dentro del servicio público, por lo cual es importante seguir avanzando en la implementación correcta de proyectos de ley que vayan en esta dirección, comprometiendo los recursos adecuados para habilitar espacios libres de violencia, tan necesarios para la dignidad y el buen vivir de mujeres y niñas.

Por ello, como CONFEDEPRUS mantenemos el compromiso de seguir trabajando en la prevención, abordaje y reparación de la violencia en los espacios de trabajo, junto con mantener la visibilización de estas situaciones y la articulación con otras organizaciones de la sociedad civil para poder garantizar el derecho a vivir sin miedo.

 

DIRECTORIO NACIONAL