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Hace unos días, un ataque armado contra funcionarios de un Cesfam de Ercilla dejó a un trabajador de la Salud Pública herido a bala, situación que no es nueva y que da cuenta de la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran quienes se desempeñan en la red asistencial, que son los y las que sostienen el sistema, cumpliendo un rol social fundamental al cuidar la salud y la vida del 80 % de la población que se atiende en él. Una labor fundamental para la vida de millones de chilenos y chilenas pero que, sin embargo, no cuenta con el cuidado de un estado subsidiario que no garantiza derechos humanos fundamentales como el trabajo decente o la salud de la población, entre varios más. Esto, sin considerar que el cuidado de la salud de las personas para que estudien y trabajen es un aporte al crecimiento económico y el desarrollo del país, por lo cual debiese ser un tema prioritario para autoridades que, sin embargo, lo han relegado.

“Atentar contra cualquier persona es condenable. Hacerlo además contra quienes cuidan a nuestra población es miserable. No hay ninguna justificación”, señaló el presidente Boric sobre este ataque. Palabras que, más allá de lo políticamente correcto, no se condicen con una realidad en la cual los trabajadores y trabajadoras de la Salud Pública han sido dejados de lado por decisiones que sistemáticamente han precarizado un sistema desmantelado durante décadas en beneficio del negocio de la salud privada, como quedó en evidencia luego del salvavidas entregado por el gobierno en beneficio de las isapres. Falta de recursos, recortes y anuncios de disminución del gasto público son señales claras al respecto, evidenciando con los hechos que las prioridades están puestas en el cuidado y preservación del modelo económico más que en el cuidado de la salud y vida de la población. De hecho y a pesar de lo relevante de su labor, el sector Salud presenta el segundo peor nivel de cumplimiento de compromisos presidenciales, según un estudio de Ciudadanía Inteligente. Una realidad que contrasta violentamente con la reciente encuesta CEP, que señala que es precisamente la Salud la segunda preocupación de los chilenos y chilenas, como demandas sociales que siguen vigentes y en espera de soluciones.

Como CONFEDEPRUS hemos señalado reiteradamente que los trabajadores y las trabajadoras de la Salud Pública deben volver a estar en la agenda del gobierno para avanzar hacia garantías de trabajo decente para todos y todas, pues es corresponsabilidad del Estado el cuidado de quienes cuidan la Salud de la población. La atención primaria de Salud es la primera línea del sistema público y ha sido abandonada, dejando a los funcionarios y funcionarias enfrentados a amenazas y agresiones debido a condiciones laborales precarias, mientras el Estado y los gobiernos incumplen compromisos en materia de seguridad y financiamiento para el equipo de Salud respecto de avanzar en condiciones de trabajo decente, como Carrera Funcionaria e incentivo al retiro permanente, que son demandas históricas y reivindicaciones urgentes para los trabajadores y trabajadoras de la Salud. Por ello, es necesario que el gobierno cumpla sus compromisos y dé un respaldo desde la perspectiva de seguridad y de mayores recursos para tener una salud que sea digna y oportuna, ya que teniendo bien a los funcionarios va a haber una mejor respuesta de salud, con los insumos necesarios para entregar una mejor respuesta y atención a la comunidad. Porque no entregar recursos a la Salud Pública también es atentar contra la población.

Ayer jueves 1° de mayo se conmemoró un nuevo Día Internacional de los trabajadores y las trabajadoras, ocasión en la que nuevamente como CONFEDEPRUS estuvimos presente en las calles junto con otras fuerzas sociales agrupadas en la CUT para expresar nuestras legítimas demandas y la exigencia de que se cumplan los compromisos suscritos por la autoridad con la clase trabajadora, especialmente con quienes nos desempeñamos en el ámbito de la Salid Pública de Chile donde se atiende el 80 % de la población.

Esto, dentro de un escenario social, político y fiscal complejo y adverso, en el cual Hacienda ya ha señalado un déficit para este año, con menores ingresos que obligarían a ajustar gastos por debajo de lo requerido, lo que afectaría las pretensiones del mundo sindical y del trabajo en relación con un salario mínimo digno y acorde con el actual costo de la vida. Visión que es compartida por el sector empresarial, la CPC, reticente a alcanzar un incremento del 12% este año, pasando de los actuales $510.536 a $578.948, para luego seguir una trayectoria escalonada hasta el 2030, argumentando limitaciones que no harían posible dicha medida, como la falta de consenso político que “obligaron” al Ejecutivo a suspender el proyecto de reforma al impuesto a la renta de manera indefinida, una de sus principales promesas de campaña.

Lo cierto es que este recorte fiscal por más de US$1.000 millones respecto del último presupuesto ejecutado afecta sustancialmente al gasto público en diversas materias, siendo la Salud uno de los sectores más afectados, dentro de un contexto de crisis hospitalaria que ya de por sí es insostenible, con diversas situaciones en la mayoría de los hospitales del país que perjudican directamente a gran parte de la población usuaria del sistema público. Junto con lo anterior, resulta imperativo también alzar la voz hoy y siempre por el respeto de los derechos sindicales, la libertad sindical y que las y los dirigentes/a puedan ejercer su rol de contraparte con la autoridad sin sufrir menoscabo de ningún tipo, para poder representar a nuestros asociados y asociadas. Los compromisos incumplidos son deudas pendientes del Estado con la clase trabajadora y tienen impacto no sólo en las condiciones laborales del equipo de trabajo, sino en la salud y la vida de millones de chilenos y chilenas.

Por ello, este 1° de mayo exigimos una mayor inversión en Salud, que pueda dar de una vez por todas respuestas a la población y dignifique el trabajo de todos y todas quienes trabajamos en el sistema público, cumpliendo aquellos compromisos como son Carrera Funcionaria, nueva Ley de Encasillamiento y asignaciones pendientes, además de otros proyectos relevantes como es el Decreto con Fuerza de Ley N° 31 de Cenabast y el fin de la violencia laboral que viven muchos funcionarios y funcionarias en sus lugares de trabajo, con formas de  maltrato como son el acoso laboral y sexual, prácticas que no han podido ser erradicados del servicio público y que en salud son frecuentes, además de mayores recursos para la Salud Pública de Chile, no en términos de gasto sino entendiendo que se trata de una inversión social y económica, ya que una población sana es una población productiva.

La próxima semana, específicamente los días lunes 28, martes 29 y miércoles 30, se llevarán a cabo las elecciones internas de nuestro gremio para renovar su Directorio Nacional y, junto con ello, nuestro compromiso con las luchas sindicales y sociales por mejores condiciones laborales y Derechos Humanos fundamentales para la población, como es el derecho a la Salud, dentro de un sistema de seguridad social que termine con las desigualdades, equitativo y sin discriminación. Propósitos que nos inspiraron para la formación de esta organización en la que el debate de las ideas es básico para llegar a consensos, respetando a las minorías y fomentando el diálogo y la participación.

Desde nuestros inicios nos definimos como una organización sindical basada en principios democráticos y pluralistas, independiente de cualquier sector político y cualquier gobierno de turno, aspirando de esa forma a contribuir en la construcción de una sociedad justa y una Salud Pública que garantice este derecho humano de la población, como es el de la salud, el cual es fundamental e irrenunciable y que debe ser garantizado por la Constitución, así como la reivindicación de derechos y el respeto de las/os profesionales de la salud a sus condiciones laborales, las que deben garantizar un desarrollo integral, activo y permanente, asegurando una carrera funcionaria digna, con titularidad, estabilidad y propiedad en el empleo, rechazando al mismo tiempo toda práctica antisindical presente en el mundo del trabajo.

Los desafíos que se avecinan no son pocos ni sencillos de abordar, dentro de un escenario político que amenaza los avances conseguidos y en el cual nuestra capacidad de movilización debe ser factor fundamental para seguir con las tareas pendientes. Para ello, la capacidad de articulación, que debemos tener, tanto interna como con otros actores sociales es relevante para el fortalecimiento de estas batallas, considerando que nos enfrentamos a adversidades complejas. Por ello y para ello, es relevante la participación activa en este proceso eleccionario que se avecina la próxima semana como así también nuestra presencia en las calles, pues como lo hemos dicho tantas veces, CONFEDEPRUS la hacemos entre todos y todas, no sólo el Directorio Nacional de turno. Ese debe ser el compromiso que se hace necesario renovar y potenciar porque, más allá de los nombres, lo que jamás puede cambiar son las luchas que como gremio deberemos seguir dando.

Hace unos días se llevó a cabo la Primera Asamblea Nacional Ordinaria del año de CONFEDEPRUS, en la que uno de los desafíos se relaciona con nuestra capacidad de movilización y presencia en las calles, aspecto que resulta fundamental para la consecución de nuestros objetivos y luchas. Análisis que no es nuevo y que se ha repetido permanentemente en las distintas asambleas realizadas, siendo un aspecto aún pendiente y que debe ser optimizado, pues no basta con crecer en cantidad de socios, socias y redes sociales si ello no se ve reflejado en el espacio natural de nuestro accionar, como es la calle.

Lo cierto es que el complejo escenario actual exige que la movilización social marque presencia y sea protagonista en las calles, para que estas sean testigos de nuestra presencia y lucha, que son las únicas formas de transformarlas en victorias. Y eso depende no sólo de algunos o algunas, sino de todos y todas. Por ello y dentro de este contexto de promesas incumplidas y de campañas presidenciales para las elecciones de fines de 2025, como agentes de cambio debemos reactivar la movilización y protesta en términos de demandas sociales pendientes, especialmente en ámbitos de seguridad social, esto es, Salud, Pensiones, Vivienda y otras condiciones para una vida digna.

Sin duda que la tarea no es fácil, puesto que sabemos que son luchas desgastadoras que muchas veces no permiten avanzar como quisiéramos. Sin embargo, y por lo mismo, también son luchas irrenunciables, que deben ser abordadas con la misma convicción de siempre, por una salud pública digna, universal y de calidad, con derechos laborales para sus trabajadores/as en el marco de un país más democrático, justo, diverso y tolerante. Lograr cambios de fondo para conseguir mayores niveles de justicia social ha sido siempre una tarea enorme, puesto que se deben enfrentar fuerzas muy poderosas a todo nivel, que son las que manejan y controlan la situación a su favor y en beneficio propio a costa de millones de chilenas y chilenos. Conseguir avances puede significar años, décadas, de lucha, siempre con el riesgo de retroceder en estas conquistas.

Para ello, es imprescindible la articulación y el trabajo conjunto con otros gremios, tal como lo hemos venido haciendo como parte integrante de la MSP, ya que es en esta unidad en la que fortalecemos estas luchas. Del mismo modo, resulta también fundamental el avance de los temas pendientes en mesas de trabajo con el gobierno que den frutos y no reuniones estériles en las que se sigan estancando aquellas materias que son relevantes para el trabajo decente de nuestros y nuestras profesionales de la Salud, las que abarcan las condiciones laborales que son fundamental para el fortalecimiento de la Salud Pública y una buena atención a los millones de chilenas y chilenos que se atienden en ella.

Desafíos que nos impulsan a seguir creciendo y luchando por estos objetivos, que son los de todas y todos quienes demandamos la garantía de derechos sociales fundamentales y que, hasta ahora, aún siguen desprotegidos y a merced de un sistema que pretende seguir manteniéndolos como mercancías, sin un acceso universal a ellos, sino restringiéndolo solo a quienes puedan pagar por ellos.

Esta semana como CONFEDEPRUS llevamos a cabo la última Asamblea Nacional Ordinaria del actual directorio, espacio de encuentro, debate y acuerdos que son parte fundamental de nuestro quehacer sindical y democrático como gremio de trabajadores y trabajadoras de la Salud Pública de Chile y que han marcado el carácter organizacional que nos caracteriza y distingue desde nuestros inicios.

En estos 2 años de gestión hemos logrado avanzar en reivindicaciones al ser parte de la Mesa del Sector Público de la CUT, lograr el incentivo al retiro permanente para nuestros trabajadores y trabajadoras, las modificaciones legislativas en materia de protección de derechos, el trabajo articulado con la Comisión Chilena de Derechos Humanos y la Fundación Sol, entre otros. Estos, logros que nos han permitido ir alcanzando algunas metas, pero que al mismo tiempo nos presentan desafíos para seguir conquistando las otras metas pendientes, que son objetivos de nuestra plataforma reivindicativa.

En esta línea, seguiremos adelante con nuestro compromiso para lograr materias tan anheladas como son el mejoramiento de la Carrera Funcionaria, un encasillamiento ahora y un nuevo modelo que nos permita facilitar las posibilidades de ascensos para nuestros trabajadores y trabajadoras, esperando también que se pueda concretar lo relacionado con el DFL 31, las 40 horas para nuestro sector y todo aquello vinculado al concepto de disponer de condiciones para el trabajo decente. Junto con lo anterior y dentro del ámbito presupuestario, será también parte de nuestras luchas el poder obtener los recursos necesarios para nuestros hospitales, que permita dar atención oportuna, digna y de calidad al 80% de la población.

Para ello y más allá de los directorios de turno, es importante seguir con las luchas que nos dan sentido como organización sindical, teniendo la capacidad como CONFEDERUS de seguir articulándonos con otros actores sociales para potenciarlas, dentro de un escenario siempre complejo que se ve aún mas amenazante ante la eventual llegada al poder de sectores conservadores y retrógrados en derechos sociales que representan una clara señal de advertencia no sólo para nuestras reivindicaciones sectoriales, sino también -y como consecuencia de aquello- para la mejora de las condiciones de vida de la población, que en su gran materia se atiende en el sistema público de Salud, de manera de tener un impacto positivo no solo para los y las trabajadores/as públicos/as, sino para el buen vivir de quienes habitan este territorio.

Durante las últimas semanas, el Hospital Van Buren de Valparaíso ha hecho noticia gracias a la sostenida situación de falta de recursos que ha debido soportar y que ha llevado a que proveedores suspendan el suministro de medicamentos e insumos, afectando la atención de cientos de pacientes. Una situación que se repite en diversos hospitales del país y que no es sino el reflejo de una crisis mayor, estructural y que no ha sido enfrentada con el sentido de responsabilidad ni urgencia por parte de diversas autoridades. El hecho, ya de por sí lamentable, motivó la revisión de los estados financieros por parte del Servicio de Salud Valparaíso – San Antonio, dejando al descubierto serias irregularidades, como compras con trato directo a sociedades de médicos funcionarios del mismo hospital, contrataciones irregulares y pagos por servicios que, en la práctica, no se habrían realizado. También se descubrió que médicos que trabajan en el hospital habrían recibido pagos extra mediante empresas externas creadas recientemente, además de una deuda de más de $22 mil millones que motivo una querella por fraude y malversación de fondos públicos en contra de quienes resulten responsables.

La situación de precariedad en insumos, infraestructura y condiciones de trabajo decente para las y los profesionales de la Salud que se desempeñan en el hospital Carlos Van Buren de Valparaíso es sólo el reflejo de una situación mucho más amplia y generalizada a nivel país sobre el estado del sistema público. Un estado de profunda y sostenida precarización y desmantelamiento que como CONFEDEPRUS hemos venido denunciando desde hace mucho tiempo, sin que hasta ahora nuestras luchas y demandas hayan tenido acogida favorable, a pesar de compromisos y del hecho que la Salud siga siendo una de las principales demandas sociales no resueltas y que requieren de soluciones con sentido de urgencia.

Lo cierto es que las sociedades médicas y otras no son una práctica aislada, casos hay muchos, constituyéndose en un nicho de negocio ilícito carente de toda ética. Por ello, estás prácticas deben sancionarse con todo el rigor de la ley, pues destruyen aún más la Salud Pública. No puede ser que, además de la falta de recursos y deudas de arrastre que precarizan nuestros hospitales y la atención de millones de chilenos y chilenas, la Salud Pública de Chile además deba soportar este tipo de hechos que, lejos de ser situaciones aisladas, son prácticas sistemáticas que constituyen falta de probidad y presumible dolo o, al menos, graves negligencias como abandono de deberes funcionarios, ante lo cual como CONFEDEPRUS emplazamos a las instancias pertinentes a esclarecer eventuales responsabilidades penales, pues este tipo de conductas atentan no sólo contra la probidad, sino contra la salud y vida del 80 % de la población que se atiende en el sistema público.