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• Presidenta de la Confederación Democrática de Profesionales Universitarios de la Salud se refirió a votación del día de ayer, en la que la sala de la Cámara de Diputados aprobó la idea de legislar reforma de pensiones del gobierno.

Durante la jornada de ayer jueves, la sala de la Cámara de Diputados aprobó la idea de legislar la reforma al sistema de pensiones con 84 votos a favor, 64 en contra y 2 abstenciones. Lo anterior, luego de haber sido rechazada el pasado lunes 13 de este mes por la Comisión del Trabajo de la Cámara Baja, y tras haber aceptado el condicionamiento hecho por la DC y el Partido Radical respecto de entregar su voto favorable a cambio de incorporar algunas indicaciones, entre ellas la creación de un “ente público autónomo” para la administración del 4,2 por ciento extra de la cotización, producto del aumento de la tasa de cotización obligatoria.

Al respecto Consuelo Villaseñor, presidenta de la Confederación Democrática de Profesionales Universitarios de la Salud, CONFEDEPRUS, expresó que “lamentamos que partidos que se supone son de oposición hayan entregado su respaldo a la mantención de un sistema de pensiones ilegítimo e inmoral, como son las AFP, impuesto de manera forzosa a la ciudadanía para apropiarse de sus ahorros y así poder sustentar el modelo económico imperante, financiado con el despojo a millones de trabajadores y trabajadoras. Es irrisorio que una de las condiciones puestas por la DC para votar a favor haya sido que no querían ninguna norma que consolidara el negocio de las AFP, al que su mismo presidente Gabriel Ascencio calificó de ‘abusivo’, pero al que sin embargo favorecieron con su votación”.

“Vemos que se sigue fortaleciendo el negocio de la seguridad social en nuestro país a costa del desamparo social de millones de personas. El Ejecutivo sigue engordando el negocio de las AFP y el sistema de capitalización individual. Millones de chilenos y chilenas han clamado ‘No más AFP’ en las calles de todas las regiones del país, pero el gobierno se hace el sordo, al igual que todos los anteriores. En vez de acoger la propuesta de la Coordinadora Nacional de Trabajadores y Trabajadoras NO + AFP, de la que somos parte, que es seria y financieramente viable, prefiere hacerle algunos ajustes cosméticos al sistema de pensiones para seguir perpetuándolo a toda costa, para no dejar de ganar nunca. Ahora debe regresar a la Comisión de Trabajo, que fue la instancia que lo rechazó, para ser analizado en lo particular, y nos enteramos que la DC removió al diputado Raúl Soto, que votó en contra, y quiere poner a Gabriel Silber como presidente de la comisión, que está a favor del proyecto. Esperamos que esa decisión pueda ser impugnada, porque claramente significa allanar el camino para aprobar esta reforma”, finalizó la presidenta de CONFEDEPRUS.

• Presidenta de la Confederación Democrática de Profesionales Universitarios de la Salud, CONFEDEPRUS, señaló que esta es una señal más que se da desde el Ejecutivo en relación con el desmantelamiento de la Salud Pública en beneficio de intereses privados.   

Controversia han generado diversas publicaciones aparecidas en medios electrónicos nacionales cuestionando la gestión llevada a cabo como “delegado ministerial” de Juan Carlos Corbeaux, -ex gerente general para Chile de Glaxo SK, una de las farmacéuticas más grandes del mundo- al interior de la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud, CENABAST. El químico farmacéutico de la Universidad de Chile, nombrado por el presidente Sebastián Piñera, llegó en marzo del año pasado a su nuevo puesto en la dirección de la CENABAST, institución pública dependiente del Ministerio de Salud encargada de abastecer de fármacos e insumos clínicos a los establecimientos del Sistema Nacional de Servicios de Salud, municipales y otros adscritos al sector público, de manera de asegurar la disponibilidad de medicamentos para los y las usuarias del sistema.

                Desde ese momento y esa posición estratégica como coordinador técnico del establecimiento (no hay director titular desde su llegada, el cargo ha estado siendo subrogado por el jefe del área jurídica), Corbeaux ha implementado cambios drásticos en la forma de compra de los insumos y medicamentos, no haciéndose ya éstas mediante el tradicional sistema de licitaciones públicas que se había estado usando desde 2010 y que representaban el 60 % de las adquisiciones, sino a través del trato directo con empresas del rubro, siendo una de las más beneficiadas con estos tratos la farmacéutica en donde se desempeñaba anteriormente, Glaxo SK. En efecto, dicho laboratorio aumentó sus ventas al Estado (CENABAST y FONASA), solamente durante el pasado año 2018, a más de 45 mil millones de pesos, según datos de la ONG Observatorio del Gasto Fiscal. En comparación, entre los años 2014 y 2018 del gobierno anterior, con compras realizadas bajo el modelo de licitaciones públicas, el promedio anual fue de 17 mil millones. Un incremento de ganancias muy superior al 100 % en un lapso de 12 meses, gracias al trato directo implementado por el ex ejecutivo del laboratorio, ahora ubicado en la otra vereda.

“Quedó demostrado que existe conflicto de interés”

A juicio de la presidenta de la Confederación Democrática de Profesionales Universitarios de la Salud, CONFEDEPRUS, Consuelo Villaseñor, la situación que se ha hecho pública a través de algunos medios se da en el mismo marco de otros casos en los que ha habido nombramientos políticos desde el gobierno para cargos en los que existen conflictos de intereses. “Lo que vemos en este caso es algo similar a lo de la propuesta de la ministra Lusic como posible nueva presidenta de la Corte Suprema, a pesar de haber favorecido al negocio de la salud privada (Isapres) mediante diversos fallos. Llama mucho la atención esta falta de conciencia ética respecto de que a pesar de lo evidente que resultan estos conflictos de intereses, ello no sea obstáculo ni impedimento al momento de proponer nombres o designar determinados cargos”, expresó. “Ante esta demostración de nulo cuestionamiento interno por dichas prácticas, como ciudadanos y ciudadanas tenemos el legítimo derecho a creer que esto demuestra y comprueba intencionalidad estratégica, política, para seguir adelante con el proceso de desmantelamiento de la Salud Pública, mediante prácticas abiertamente reñidas con la ética pero que, sin embargo, no son ilegales. De todos modos, se trata de un concepto más amplio, que tiene que ver con conductas irregulares que ponen en duda a la institucionalidad, debiendo pagar las consecuencias de ello las y los usuarios del sistema”, indicó.

Villaseñor agregó que “lo de Juan Carlos Corbeaux configura un cuadro claro de conflicto de interés, como ex gerente general de un laboratorio ahora lo favorece cambiando el modelo de licitación y competencia pública a trato directo, de manera de dejar fuera a otros competidores. Están las cifras que demuestran de qué manera esta práctica ha permitido incrementar ganancias privadas. Sería impresentable negar algo tan evidente, no se me ocurre qué argumentos serios podría haber para poder desmentir evidencias tan claras y concretas”, dijo la timonel de CONFEDEPRUS, poniendo además en entredicho la validez de su nombramiento. “El cargo de ‘delegado ministerial’ no es parte de las designaciones que puede hacer el presidente de la República, de hecho el mismo consejo de la Alta Dirección Pública dijo el año pasado que ese cargo no existe”.

Finalmente, la dirigente sindical de la Salud Pública expresó que “es necesario que exista un criterio ético distinto para este tipo de nombramientos, pues no tenerlo afecta gravemente la transparencia y credibilidad de las instituciones. El trato directo no puede significar negociaciones a puertas cerradas y mucho menos cuando existen conflictos de interés como los que hay ahora. Se debe llamar a licitaciones abiertas, a competir libremente entre distintas alternativas y de ahí elegir la mejor opción para los y las usuarias del sistema, que son los beneficiarios finales y por ende el objetivo central”, puntualizó.

• Presidenta de CONFEDEPRUS expresó que dicha iniciativa continúa despotenciando la red pública y que por ende resulta “inaceptable”.

Durante la mañana del pasado martes 23 de abril el Gobierno presentó la llamada Reforma Integral al Sistema de Salud, iniciativa que contempla modificaciones al sector privado (Isapres) y público (Fonasa, en donde se atiende el 80 % de las y los chilenos), y que será enviada a la Cámara de Diputados. La propuesta contiene, entre sus puntos centrales, según la autoridad, un Plan de Salud Universal (PSU), el cual pretende terminar con las discriminaciones por género, edad y estado de salud de las personas, a través de un conjunto de prestaciones en servicios. Respecto de Fonasa, la iniciativa contiene tres puntos esenciales, como son el fortaleciendo de sus facultades legales, la creación del Seguro de Salud Clase Media y que asuma un rol activo en la solución de los problemas de salud de la población asegurada. Además, y en materia de equidad de género, el proyecto termina con la diferencia entre la cónyuge y el cónyuge, en relación con la posibilidad de ser carga uno del otro. Por otro lado, y de acuerdo a lo contemplado en la propuesta, ésta busca disminuir el gasto de bolsillo a través de negociaciones con farmacias para la venta de medicamentos con descuentos a sus usuarios, junto con fortalecer el Modelo de Atención.

Al respecto la presidenta de la Confederación Democrática de Profesionales Universitarios de la Salud, CONFEDEPRUS, señaló que “junto con las AFP, las isapres representan el símbolo de los abusos contra la ciudadanía, que se traducen entre otras cosas en alzas unilaterales de planes, discriminaciones arbitrarias, etc. En ese sentido, esta propuesta se nos presenta como un avance en esta materia, no es una reforma integral al sistema de salud, sino mas bien a las Isapres, y no contempla ninguna propuesta de cambio estructural para Fonasa, ya que no aumenta el presupuesto ni la capacidad de resolución del sistema público. Para nosotros como CONFEDEPRUS, esta es una reforma hecha a medida del sector privado que continuará despotenciando la red pública de Salud”.

“Esta reforma de salud del gobierno no termina con la discriminación en aspectos como edad y enfermedad, sino solamente respecto del tema de género, manteniéndose la posibilidad de discriminar por edad y riesgo, el cual es uno de los puntos débiles de la propuesta”, continuó Villaseñor, agregando que “no responde a los elementos que más aquejan nuestro sistema de salud, como la discriminación por sexo, edad, pre-existencias e ingresos, en particular en el sector privado, así como tampoco el acceso oportuno al sistema de salud, en particular en el sector público. No avanza en los temas estructurales, sólo profundiza la privatización del sector y viabiliza el negocio ilegítimo de las isapres”.

Seguro único de Salud

Dentro de este escenario, hay una idea que ha ido tomando fuerza entre diversos parlamentarios, académicos y organizaciones sociales y gremiales, como es la creación de un único Sistema Público de Salud, basado en los principios de la seguridad social, propuesta que sugiere el reemplazo de Fonasa y las isapres. Esta alternativa que ha sido apoyada por la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile y el Colegio Médico, y que establece la creación de un seguro único de salud para la población. De hecho, un grupo de organizaciones que integran la Mesa Social de Salud firmaron un documento que promueve la salud garantizada como derecho a través de un seguro único. “Es necesaria una reforma de fondo, porque la ciudadanía siente que tanto en el sector público como en el privado sus derechos no son atendidos como debe ser, existiendo muchos  abusos”, expresó la presidenta de CONFEDEPRUS. “La existencia de dos sistemas de Salud, uno público y otro privado, no resiste más. Tenemos que avanzar en un sistema de salud único y solidario, donde el acceso no dependa de los recursos de cada persona, sino que sea resguardado y garantizado como un derecho. Debemos construir una salud de verdad en Chile”, indicó Villaseñor.

Finalmente, la presidenta de la Confederación Democrática de Profesionales Universitarios de la Salud expresó la necesidad de debate público para la definición de esta propuesta. “Esperamos que se dé una discusión ciudadana abierta sobre el Sistema de Salud que queremos para nuestro país, Chile debe tener un sistema de salud que privilegie a los usuarios y no a las Isapres, lo público antes que lo privado. Esta es una propuesta de reforma inaceptable pues responde, en medida importante, a los intereses financieros de las aseguradoras más que a la población que supuestamente debe proteger”, puntualizó.

• Presidenta de CONFEDEPRUS criticó aprobación en Cámara de Diputados del tratado, el que en el área de la Salud Pública puede restringir el acceso a medicamentos genéricos y bioequivalentes, además de afectar derechos laborales y perpetuar el sistema de pensiones.

Con 77 votos a favor, 68 en contra y 2 abstenciones, durante la tarde de este miércoles 17 de abril la Cámara de Diputados votó a favor de la aprobación del polémico Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, y que suscribe comercialmente a nuestro país con 10 naciones. Lo anterior, a pesar de diversas demandas ciudadanas y de organizaciones sociales que llamaban a rechazar este acuerdo internacional, entre ellas CONFEDEPRUS.

Al respecto la presidenta de nuestra confederación, Consuelo Villaseñor, señaló que “hace unos días, junto con el Colegio de Químico-Farmacéuticos de Chile y la Federación de Colegios Profesionales, expresamos nuestro desacuerdo y rechazo a la eventual aprobación en la Cámara baja de este tratado comercial, que bajo el pretexto de generar más crecimiento, empleos, mayores salarios y nuevas y mejores oportunidades para pymes producto del beneficio que significaría para exportadores poder contar con mejores aranceles en los países miembros del tratado, se impone sin considerar sus perjuicios, como son entre otros la posibilidad de que la propiedad intelectual de los medicamentos esté  protegida por 12 años, lo cual impedirá la existencia de genéricos y bioequivalentes más baratos, facilitando el enriquecimiento de monopolios farmacéuticos. Esto, además de excluir derechos laborales como el de las vacaciones y el de pre y post natal y mantener inalterable el sistema de pensiones a través de la mantención de las AFP”.

“El TPP-11 es un instrumentos para despotenciar aún más a los estados e incrementar la escalada privatizadora que se ha venido desplegando de manera cada vez más desatada, restringiendo cada vez más los derechos de la ciudadanía en beneficio de intereses económicos particulares. De hecho, estas transnacionales podrán impugnar y revertir decisiones adoptadas de manera interna que puedan ir en contra de sus intereses. Por eso, estos Tratados de Libre Comercio no pueden ser temas en los que el Congreso sea sólo un buzón de voz para aprobar de manera rápida lo que envíe el Ejecutivo, sin que la ciudadanía sepa o debata respecto de temas que la perjudican directamente. Este tema debería haber pasado, por ejemplo, por la Comisión de Salud. Esperamos que por haber sido una votación muy estrecha -es el tratado que ha tenido el nivel más alto de rechazo de los que se han votado en el Congreso- se pueda revertir en el Senado antes de poder ser promulgado por el Presidente Piñera”, finalizó Villaseñor.